El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a desarrollar la reglamentación necesaria para evitar cancelaciones por motivos que no sean "el de fuerza mayor o la seguridad de los artistas y espectadores".
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación popular recuerda varios casos recientes de política de cancelación "cercana a la censura", tratando de que no vuelva a ocurrir mediante una nueva normativa. El grupo entiende que estas cancelaciones se han desarrollado "a uno y otro lado de las posiciones ideológicas".
"Es contra esto, no contra las ideologías, lo que debemos de cambiar en la gestión pública de la actividad cultural", ha indicado la formación popular, que entre otros casos, apunta a cómo el Gobierno municipal de Manuela Carmena, apoyado por Más Madrid (que ahora integra Sumar) y el PSOE, "canceló" durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid "una veintena de obras de teatro previstas".
Asimismo, también ha recordado que el Ayuntamiento de Bilbao "vetó" a C. Tangana, "estrella del 'trap', por sus letras machistas", mientras que el ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Salamanca "impidió" una exposición de la artista Yolanda Herranz.
En su exposición, el PP también ha incluido las cancelaciones de los conciertos de José Manuel Soto, a raíz de unas declaraciones en sus redes en diferentes municipios andaluces, o la supresión de la tauromaquia del bono cultural joven en su primera edición.
Asimismo, el PP entiende que la falta de regulación, y el carácter particular de las actividades culturales, ha provocado "interferencias" en el ámbito de la contratación pública. "Unas condiciones variables, contratos verbales, falta de presupuesto público que provoca cancelaciones o virajes ideológicos que cancelan a los artistas y que les provoca un perjuicio económico y reputacional que no termina de ser indemnizado", ha lamentado.
Por ello, entiende que el sector cultural necesita una seguridad "de la que adolece" en estos momentos y reclama también al Gobierno desarrollar una guía de buenas prácticas que será difundida a través de la FEMP y de manera masiva a las instituciones culturales públicas.
Además, insta a incluir "de manera urgente" dentro de las mesas y comisiones del Estatuto del Artista la revisión de normativa referida a la contratación de servicio público en el ámbito de la cultura y reforzar la formación necesaria desde el ámbito educativo para "fomentar el pensamiento crítico" de los alumnos, mediante la elaboración de unos currículos de alta calidad científica.
"El sector necesita poder desarrollar una planificación de trabajo y de cobro. Necesita que se separe su actividad como verdaderos profesionales que son, con otras que nada tiene que ver con su actividad y no se puede continuar en un limbo jurídico en el ámbito de la cultura", ha concluido.
