PSPV y Compromís desmontan la agencia antifraude de Podemos a base de enmiendas

VALENCIA. La Agencia Antifraude de Podemos, una de las propuestas estrella del grupo que lidera Antonio Montiel y que se encontraba incluida en el Pacto del Botánico, no saldrá adelante tal como se proyectó ante las numerosas enmiendas que han planteado PSPV-PSOE, Compromís y el resto de grupos parlamentarios. La iniciativa que la formación morada presentó en noviembre ha chocado con las 109 enmiendas planteadas por todos los partidos, un aluvión que desvirtúa el concepto de la oficina antifraude con la que soñaba Podemos. 

El punto más discordante de la Proposición de Ley y una de las mayores aspiraciones de Podemos es el referido a la potestad sancionadora del director de la agencia. No obstante, no será así ya que el resto de grupos consideran en sus enmiendas que esta figura debe limitarse a recomendar al órgano competente correspondiente que imponga una sanción acorde con la ley. 

Todas estas enmiendas se apoyan en dos comparecencias que tuvieron lugar el 22 de abril y el 3 de mayo en comisión por tres catedráticos en derecho –Rubén Martínez, Cristina Pauner y Lorenzo Cotino– que señalaron la "deficiente regulación" que se proponía en relación a algunos puntos de la ley como los procedimientos de investigación, sanción o elección de la Dirección de la Agencia. Una cuestión -la de la "deficiente regulación"- que ya reprochaba el PSPV-PSOE al considerar que las proposiciones de Podemos llegaban demasiado desnudas o cogidas con pinzas jurídicamente, quizá por falta de bagaje parlamentario, y eran ellos quienes les dotaban de profundidad.

Para estos expertos, la idea de crear agencia de este tipo era positiva por su fin. No obstante, los tres coincidían en que la proposición de ley presentada en noviembre tenía defectos en cuanto a la forma y el contenido. Entre algunas de las anotaciones más relevantes que hicieron dichos expertos en sus informes se contempla, por ejemplo, la configuración de la Agencia –que tildan como "atípica"– por encontrarse ante un órgano no estatutario y adscrito a Les Corts. Una valoración que tanto PSPV-PSOE como Compromís incluyen en sus enmiendas. Así, ambos apuntan a que la Agencia debería estar adscrita a la Conselleria de Transparencia.

El ámbito de actuación de la Agencia también se cuestiona, ya que se considera que se debe ampliar y concretar por "ser ambiguo". Una aspecto que, de nuevo, tanto Compromís como PSPV incluyen en sus enmiendas señalando que ésta debe tener un reglamento de funcionamiento específico. Además, solicitan que el ámbito de actuación debe alcanzar a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, y Compromís lo extiende también a las diputaciones.

Para el PP, este era uno de los puntos significativos ya que incluía que se extendía "a las universidades públicas valencianas" así como sus organismos y entidades dependientes. Un epígrafe por el que, tras la comparecencia de Martínez, Cotino y Pauner, los populares decidieron incorporar a sus enmiendas que se debía respetar el principio de libertad académica.

Discrepancias sobre la potestad sancionadora

No obstante, hay un capítulo completo en el que los cuatro grupos coinciden en la existencia de conflicto: el referido al procedimiento sancionador. Mientras Compromís y PSPV piden que se elimine la totalidad del capítulo –el cual incluye desde la tipicidad, clases de infracciones hasta las sanciones, régimen disciplinario y a quién corresponde la competencia sancionadora–, el PP pide la supresión del artículo 23 del mismo, referido únicamente a la tipicidad.

Respecto a este punto, los comparecientes señalaban que se revisara con especial cuidado y dudaban acerca de su proporcionalidad y compatibilidad con derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia o a la defensa. Como señalaba Podemos en la proposición de ley, la potestad sancionadora recaería sobre el director de la agencia. Otro punto que tampoco resultará como tal, ya que los grupos consideran en base a los informes de expertos que lo más correcto es que se limite a instar el inicio de una investigación a la autoridad competente y no "que sea el director de la agencia quien señale a nadie".

todos los grupos incluyen que la elección del director de la agencia se haga por mayoría cualificada de Les Corts

Además, todos los grupos incluyen que la elección del director de la agencia se haga por mayoría de tres quintas partes de la cámara. Sin embargo, Podemos añadía a este punto que, si no hubiese resultado ninguna persona elegida tras esta votación, se propondría otra persona adecuada para el puesto y tan solo requeriría mayoría absoluta, es decir, algo que sería más fácil para que PSPV-PSOE, Compromís y Podemos consiguiesen que resultase elegida una persona consensuada entre los tres grupos, dejando fuera a Ciudadanos y PP.

Solapamiento con las funciones de otros organismos

Por otra parte, los juristas apuntan en su informe que las funciones que Podemos atribuye a la agencia podrían solaparse con las competencias de otros organismos. Según el artículo 117.3 de la Constitución Española, la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde "en exclusiva a los jueces y magistrados" y en el Estatut de Autonomía de la Comunitat, se indica que corresponde a la Sindicatura de Comptes el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, por lo que, los grupos coinciden en que debe rehacerse el artículo 6 que se refiere a los fines y funciones que tendrá la Agencia Antifraude con el fin de que no se solapen sus funciones con las de otros órganos como Fiscalía, Poder Judicial e incluso Policía.

Por citar un ejemplo, las funciones de investigación y control contra la corrupción que recogía Podemos en el artículo 6 de su Proposición de Ley son funciones que ya realiza la Fiscalía y, por tanto, se recomendaba que se articulase de manera adecuada de tal forma que no se produjera una invasión de competencias. 

Finalmente, todos los grupos coinciden en eliminar la Disposición Adicional Única, que indicaba que la Agencia tendría potestad para investigar "las circunstancias, incumplimientos y normativas" que habían permitido "la implantación de malas prácticas en la gestión de lo público durante los últimos años", lo que significaba, aunque no expreso como tal, investigar al Partido Popular.

Los grupos parlamentarios consultados por Valencia Plaza han señalado la dificultad de que esta ley salga adelante como se planteó, ya que, en la redacción de la misma, Podemos señalaba en la Disposición Final Primera que se modificara la ley de Transparencia 2/2015, algo con lo que no todos los grupos están conformes.

Aunque la propia Fabiola Meco difundió un correo entre el resto de grupos en el que incluía algunas modificaciones que su grupo realizaría sobre la propia Proposición de Ley que plantearon, finalmente no fueron presentadas en gestión parlamentaria. Estas modificaciones se basaban también en las recomendaciones de los comparecientes en la comisión. 

El complicado verano de Podemos

Con estas y más enmiendas referentes a la forma y contenido de la norma, la propuesta estrella de Podemos incluida en el eje de regeneración democrática y lucha contra la corrupción del Pacto del Botánico quedaría completamente modificada y la formación sumaría dos patinazos en apenas un mes, ya que el 7 de julio Les Corts rechazaron la proposición de ley de Podemos para modificar el Estatuto de Expresidentes. Tras el debate del estado de autonomía de la Comunitat Valenciana se convocará la comisión para debatir todas estas enmiendas, posteriormente se votarán y finalmente pasarán al Pleno del Consell.

La formación está viviendo un verano complicado, pues también este mes se aplazó el proceso de elección del Consejo Rector de la nueva RTVV a septiembre. Otro tema sobre el que parece que tardarán en llegar a consenso por "los vetos" de todas las fuerzas políticas en determinados aspectos.