Puerto Mediterráneo alega contra la Generalitat por "extralimitarse" al tumbar su proyecto

VALENCIA. Intu Eurofund Investment Valencia no se da por vencida. La firma promotora del macrocentro comercial y de ocio previsto en Paterna ha preparado una batería de alegaciones contra la decisión de la Generalitat de tumbar su proyecto, que preveía una inversión de 860 millones de euros y la creación de 5.000 puestos de trabajo, según sus impulsores.

Tales alegaciones, sin embargo, ni siquiera llegarán a ser evaluadas por la administración competente: la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. El departamento validaba este lunes el rechazo a la iniciativa, tal y como había recomendado la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Lo hizo mediante una “disposición administrativa” contra la que no caben alegaciones ni recursos, según aseguraron.

En cualquier caso, las alegaciones de la mercantil sostienen que la conselleria de Medio Ambiente se extralimitó en sus competencias a la hora de analizar esta Actuación Territorial Estratégica (ATE) y tildan la memoria ambiental emitida de "desafortunada, equivocada y tergiversada".

Entre las irregularidades que destacan los promotores se acusa al Consell de que la decisión de tumbar el proyecto fue tomada "con anterioridad" al análisis medioambiental, que el dictamen se produjo "sin esperar" a recibir informes que habían sido solicitados para reparar deficiencias, que se tomaron "aspectos absolutamente subsanables" como motivos sustanciales para tumbar el proyecto o que se utilizaron argumentos "carentes de eficacia jurídica alguna".

"En definitiva, todas estas consideraciones dejan, si cabe, aún más clara la falta de rigor del contenido de la Memoria Ambiental emitida y desfavorable a una ATE que ha presentado un Plan que se ha sometido a dos trámites de participación pública, resultando ambos favorables a su aprobación y su viabilidad ambiental, territorial y funcional", concluye la firma en sus alegaciones.

"Extralimitaciones"

En primer lugar, desde Intu Eurofund subrayan que “a resultas de las prescripciones de la Ley de ATES, no es función del órgano medioambiental que ha emitido la Memoria desfavorable a la ATE Puerto Mediterráneo el estudio de la viabilidad o no –aún ambiental-, de la actuación proyectada –y aún menos de su viabilidad urbanística o funcional-, sino la de establecer determinadas determinaciones ambientales con objeto de que sean integradas el Plan de la ATE ya declarado viable por el Consell”.

“Muy al contrario de este esquema procedimental definido por el legislador, la Memoria Ambiental se extralimita al incorporar aspectos funcionales, territoriales o ambientales nunca tenidos en cuenta en el Informe de compatibilidad en base al cual se declaró la ATE por el propio Consell -contradiciendo en consecuencia el propio Acuerdo del Consell-, y volviendo a valorar cuestiones técnicas que ya obtuvieron el Informe favorable de casi cincuenta Administraciones de diferentes órdenes funcionales y territoriales, afectadas por la actuación urbanística proyectada”, critica la empresa.

En este sentido, los promotores agregan que “que la referida Memoria se ha emitido contraviniendo Informes favorables emitidos por otras Administraciones afectadas –competentes para pronunciarse sobre las cuestiones en ellos analizadas-, que todo lo más condicionaban el sentido positivo de sus informes a la posterior concreción, corrección o adaptación en el Plan de la ATE Puerto Mediterráneo de ciertos extremos técnicos, no determinantes de la viabilidad de la actuación en cuanto a las materias de su competencia”.

CV-35

Sobre los márgenes junto a la CV-35, el argumento legal clave con el que Medio Ambiente tumba el proyecto por ser de 50 metros y no de los 100 que exige la normativa, Puerto Mediterráneo argumenta que recibió el visto nuevo a estas medidas en 2015, tal y como informó este diario. “Se informó favorablemente a que se reservaran 50 metros en coherencia con otros tramos a lo largo de la vía (como Valterna, Mas del Rosari y Polígono Industrial L’Andana), donde las dimensiones de dichas zonas son incluso menores".

"En efecto, según dispone el referido Informe, de fecha 17 de abril de 2015, “Respecto al pronunciamiento requerido sobre los usos urbanísticos por el informe de la Dirección General de prevención, Extinción de Incendios y Emergencias en relación con la franja de afección de accidentes graves, se considera que con la servidumbre de la CV-35, la sección del nuevo cauce y las zonas verdes anexas, se genera una franja de amortiguación suficiente para mitigar un potencial evento de esta naturaleza, especialmente si se compara con el resto de las implantaciones edificatorias próximos al sector en cuestión”, recogen las alegaciones.

Sin esperar a informes

Intu Eurofund afea también a Medio Ambiente que haya emitido su dictamen sin esperar a analizar informes pendientes de carreteras. “Como puede observarse, la Comisión solicitó, entre otros, informes de la DG de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, en fecha 13 de abril de 2014, así como Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, en fecha 26 de abril de 2016, informes ambos que la Comisión no se ha esperado a recibir, con carácter previo a la emisión de su Acuerdo de Memoria Ambiental, lo que no es sino sinónimo de un grave error procedimental, trascendiendo, además, que la Comisión no ha contado con todos los hechos necesarios para emitir una consideración técnica basada en Derecho”, denuncia la compañía.

Agua

En materia hídrica, los promotores afean a la administración que “se ponga de manifiesto expresamente la existencia de los Informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar -como órgano competente-, y que los mismos sean favorables en cuanto a la suficiencia hídrica, y que posteriormente, al contrario de ello, se venga a disponer deliberadamente que no habrían recursos hídricos suficientes y que no se garantizaría la disponibilidad total de los recursos”.

“Es una muestra de la actuación arbitraria e injustificada en la tramitación y en el malintencionado análisis técnico efectuado de la ATE, todo ello con absoluto desprecio al procedimiento administrativo que supone la declaración de la misma por Acuerdo del Consell, así como la vulneración de todos los derechos que adquiere el promotor en virtud de la citada declaración, que es definitiva y firme”, lamentan.