VALENCIA (VP/EP). Ximo Puig no se fía del posible alcance de un acuerdo como el que presumiblemente se ha producido entre el Partido Popular y los nacionalistas de la antigua Convergència y el PNV para nombrar a Ana Pastor presidenta del Congreso de los Diputados y elegir el resto de integrantes de la Mesa.
El presidente de la Generalitat advirtió este jueves sobre las consecuencias que tendría para la Comunitat Valenciana que ese acuerdo se prolongase en el tiempo. Según afirmó, "los valencianos no vamos a permitir que se produzcan pactos ocultos que beneficien a otras comunidades autónomas y que se produzcan más efectos discriminatorios de los que ya han surgido. Hasta aquí hemos llegado".
Lo dijo en el transcurso del encuentro que mantuvo con el comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), donde expresó, en relación a la elección de la presidencia del Congreso de los Diputados, que espera que "estos pactos ocultos que se han hecho esta semana no se trasladen al futuro".
Puig se refería, sin mencionarlas, a las contrapartidas que los acuerdos de legislatura han comportado en distintos momentos históricos para Cataluña y el País Vasco gracias al apoyo de CiU y el PNV a los partidos mayoritarios que no alcanzaban la mayoría absoluta en el Congreso.
Por ello, afirmó que la Generalitat, "con todo el rigor, con toda la seriedad y con toda la lealtad" pretende poner encima de la mesa "dos cuestiones fundamentales: la primera es que hay cinco millones de españoles que estamos discriminados y que estamos atónitos ante una sistemática infrafinanciación, y por otra parte, la infrainversión".
Puig aseguró que ahora "es el momento de acelerar esta reivindicación, porque habrá un nuevo gobierno y unos interlocutores diferentes”, y ha destacado que, ante la honradez con la que ha actuado la Generalitat, "lo que no puede ser es que se confunda esa lealtad con sumisión".
"Hace tres años que el sistema de financiación está caducado", ha aseguró el president, quien añadió que el problema que supone para la Comunitat la infrafinanciación y la infrainversión pasa por "la unión de todos los valencianos".
Precisamente, el Consejo de Ministros autorizará este viernes a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por 685 millones de euros, tras la reunión que mantuvo el jueves en Moncloa el vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El escenario de la reunión y sus integrantes ya marca una diferencia respecto a otras comunidades como la valenciana, cuyo presidente es recibido por el ministro en el despacho del Ministerio cuando quiere tratar sus problemas. En el caso catalán, es el vicepresidente quien negocia con el ministro y lo hacen en La Moncloa con la vicepresidenta, ya que el president catalán despacha directamente con Rajoy.
Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo español, la reunión de este jueves fue "bien" y se desarrolló en un "ambiente cordial" en el que se ha hablado de la senda de consolidación fiscal, de las finanzas autonómicas y en concreto de los vencimientos a corto plazo de la deuda catalana.
La petición de la Generalitat era que los préstamos a corto plazo se transformasen en créditos a largo con el respaldo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata de una reivindicación que viene realizando el gobierno autonómico catalán desde hace meses.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha aceptado hasta ahora esta petición y ahora tampoco, aunque sí darán oxígeno a la Generalitat autorizando una nueva operación de deuda a corto que se suma a las ya autorizadas este año.
Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro transmitieron a Junqueras que el Consejo de Ministros de este viernes autorizará al Gobierno catalán a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por 685 millones de euros.
La Generalitat catalana había pedido autorización de endeudamiento por valor de 5.100 millones de euros de sus vencimientos a corto plazo de 2016 y parte de los que tiene en 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy autorizó el pasado mes de junio operaciones de endeudamiento por valor de 4.200 millones de euros para cubrir esos vencimientos a corto plazo y ahora lo hará por 685 millones hasta septiembre.