VALENCIA (EFE). El Ministerio de Sanidad asegura que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la ley valenciana que prevé la sanidad para inmigrantes irregulares no significa que no se les atienda sino que se debe hacer a través de los programas de servicios sociales.
Fuentes del departamento que dirige Alfonso Alonso afirman que el recurso que presentó el Ejecutivo ante el TC contra la norma valenciana se debió a un "problema competencial", porque la Constitución considera que en materia sanitaria, la definición de asegurados y prestaciones básicas es competencia del Estado y la responsabilidad del Ejecutivo es "hacer valer" la Carta Magna.
La suspensión de la norma es el procedimiento habitual en estos casos, apuntan las fuentes, que aclaran que no se trata de que no se pueda a atender a los inmigrantes en situación irregular, pero se tiene que hacer dentro de las competencias autonómicas de servicios sociales.
"Se tiene que asegurar su atención a través de programas sociales, como todas las comunidades han de hacer", insisten las fuentes, que subrayan que el Gobierno trató de llegar a un acuerdo con la Comunitat Valenciana antes de recurrir al TC pero ésta no quiso.
El Gobierno en el recurso argumentaba que el Decreto que se ocupa del acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana "puede incurrir en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".
La admisión a trámite por el TC de este tipo de recursos supone, en los casos en los que así lo solicita el Ejecutivo, la suspensión cautelar de la norma por un período de cinco meses, después de los cuales la medida debe volver a ser estudiada.
