VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha subrayado este lunes que la auditoría operativa realizada sobre el departamento de salud de Manises (Valencia) no contempla el resultado de las liquidaciones o cierres de ejercicios de los años 2009 a 2013, sobre los que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la administración, y recalca que de resolverse esta "discrepancia" a favor de la Generalitat, "podría poner en peligro la viabilidad de la concesionaria y la sostenibilidad del modelo".
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Sanidad ha replicado en estos términos a la Auditoría Operativa de la Concesión de la Asistencia Sanitaria Integral en el Departamento de Salud de Manises para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015, aprobada por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y que se ha remitido a las Corts Valencianes, así como a la Conselleria y a la concesionario Especializada y Primaria L'Horta Manises, SA.
Al respecto, la Conselleria de Sanidad recalca que, como admite el propio informe de la Sindicatura, las conclusiones del trabajo están sujetas a "determinadas limitaciones" que el documento define como "riesgos de la auditoría", entre las que se encuentra "la complejidad de los cálculos para determinar el precio del contrato, el sistema de control de las derivaciones de pacientes a otros departamentos, la ausencia de indicadores de calidad y las cuestiones litigiosas entre la Administración y la concesionaria".
Así, considera que el ahorro descrito del 24,6% es una cifra que "podría verse afectada por las liquidaciones pendientes del precio del contrato" ya que el porcentaje no contempla el resultado de las liquidaciones de los años 2009 a 2013 del departamento de salud de Manises, respecto a las que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la administración a favor de la Conselleria.
En esta línea, también alude a la "falta de supervisión y deficiencias en el contrato concesional", donde el informe destaca aspectos relacionados con la deficiencia en la concepción y ejecución del contrato, así como del control y supervisión de la concesión.
Como ejemplo, cita que la administración "no ha ejercido una tutela efectiva sobre el concesionario en materia de inversiones, pues no consta que se hayan aprobado formalmente ninguno de los planes de inversión" y que no constan las autorizaciones expresas de las contrataciones del personal directivo, ni que se haya revisado la tasa interna de rentabilidad de la concesión y tampoco que se hayan realizado auditorías integrales.
Ante estas circunstancias, la Conselleria de Sanidad recuerda que creó la dirección general de la Alta Inspección y puso en marcha mecanismos de control para evitar la "continuidad en la laxitud" que denuncia el informe.
Además, agrega que el informe censura medidas tomadas para "favorecer la concesión en perjuicio del sistema sanitario en su conjunto" y subraya que en 2010, poco después de la puesta en marcha del hospital de Manises (mayo de 2009), se modificó el contrato y se incrementó la población asignada a la concesionaria en 43.626 habitantes, al añadir Mislata.
La Sindicatura considera al respecto que se debe "poner límites a las posibilidades de modificación de los contratos, puesto que 'celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato, la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada".
Esto "supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos al adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce".
Para la Conselleria de Sanidad, la eficiencia que debe buscar un sistema sanitario público es la eficiencia de su conjunto, no las parciales (determinados departamentos elegidos) y recalca que si la obtención de rentabilidades y márgenes se tiene que sustentar en "mayores coste"s sobre el resto del sistema, o la necesidad de tomar decisiones "a medida" para favorecer determinados departamentos y modelos de gestión, "la eficiencia no es tal".
