VALÈNCIA (EFE). El Sindicado de Enfermería Satse recurrirá el Decreto que regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos para pedir su nulidad al considerar que supone una "clara privatización" de servicios asistenciales públicos en favor del colectivo empresarial farmacéutico.
Según ha informado Satse en un comunicado, iniciará el procedimiento judicial necesario para pedir la nulidad del Decreto, publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
A juicio del sindicato, en virtud del decreto, el colectivo empresarial farmacéutico realizaría dichas actividades asistenciales "a cambio de una remuneración económica directa o indirecta".
"No se entiende cómo el Gobierno de la Comunitat, que se vanagloria de acabar con la gestión privada de la sanidad pública, por la puerta de atrás y con este Decreto, otorgue a las oficinas de farmacia, que son establecimientos mercantiles privados, una atención sanitaria pública que en estos momentos realizan de manera satisfactoria los profesionales de Enfermería y Medicina de Atención Primaria".
Según Satse, la Comunitat Valenciana se convierte así en la primera autonomía en aprobar una norma que supone "abrir una vía para la privatización encubierta de la atención sanitaria pública con el consiguiente coste económico para la administración autonómica y los ciudadanos".
"Los valencianos van a tener que pagar directa o indirectamente por unos servicios que ya realizan de manera gratuita los profesionales sanitarios de Atención Primaria", ha indicado en el comunicado.
Consideran que el Decreto "abre la puerta a que las oficinas de farmacias intervengan directamente en la atención sanitaria pública, lo que evidentemente no harán gratuitamente, para lo cual, de manera genérica y ambigua se les dará participación en numerosas actividades, tareas y funciones a determinar".
"No entendemos qué ha llevado a este Gobierno, que se jacta de haber acabado con la gestión privada del Departamento de la Ribera, a determinar que sean los farmacéuticos los que realicen funciones que ya realizan los profesionales que dependen de la Conselleria de Sanidad", apuntan las fuentes.
A juicio de la organización sindical, "se trata de un nuevo intento por parte de gran parte de las oficinas de farmacia de hacer negocio que, además, constituye un claro ejemplo de invasión competencial".
Satse exige a la Conselleria de Sanidad y al president, Ximo Puig, que "aclaren a los ciudadanos cuales son las verdaderas razones que le han hecho aprobar una norma que desde sus primeros borradores ya concitó las críticas de los profesionales sanitarios de atención primaria y que claramente resulta innecesaria e ineficiente".
