VALENCIA. La Sindicatura de Comptes ha decidido notificar al Tribunal de Cuentas lo que considera indicios de responsabilidad contable en un contrato del Consorcio Hospital General de Valencia (CHGUV) que Esquerra Unida (EUPV) ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 2014 y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. junto a otros contratos y la actividad en Perú del exgerente del Consorcio, Sergio Blasco. Tras conocerse la investigación judicial, Blasco dimitió después de 15 años al frente del hospital y se desplazó a la República Dominicana, donde reside desde entonces.
El contrato en cuestión es el de gestión integral de la logística del complejo hospitalario, adjudicada a la firma Out Log, vinculada, según la denuncia de EUPV, a la familia Blasco. El exgerente es sobrino del exconseller de Sanidad (2007-2008) Rafael Blasco, actualmente en prisión.
La apreciación de la Sindicatura de Comptes figura en el informe anual sobre las cuentas de la Generalitat valenciana correspondiente a 2015, entregado este miércoles a Les Corts por el Síndic Major, Vicent Cucarella. El informe también apunta al contrato de resonancias magnéticas que Sergio Blasco firmó con Eresa en 2009, que será también remitido al Tribunal de Cuentas con la misma consideración.
Los "incumplimientos muy significativos" de la ley de contratos "observados en la preparación, adjudicación y ejecución del contrato" de logística ya fueron destacados en el informe de la Sindicatura de 2014. Según el Síndic, el contrato no debió calificarse como administrativo especial sino como administrativo mixto y, por tanto, debió someterse a licitación tras la finalización del periodo máximo de duración de 4 años, en lugar de los 12 años estipulados.
También se pusieron de manifiesto los incumplimientos relativos a la modificación contractual por ampliación del servicio a la recogida intracentro o de residuos tipo I y tipo II, por no obedecer a necesidades nuevas o causas imprevistas y tratarse de prestaciones distintas al objeto del contrato que debieron haber sido licitadas deforma independiente.
Respecto al seguimiento efectuado de este contrato, la Sindicatura destaca que "la modificación contractual se aprueba mediante una resolución del director gerente y la directora económico-financiera, sin la competencia delegada necesaria para ello".
El contrato se suscribe el 6 de julio de 2009 por 3,17 millones de euros (incremento del 30% del contrato originario), con una duración de 10 años. De este importe, 2 millones corresponden a servicios, 617.005 euros a obras, 232.000 euros a suministros y 299.478 euros a gastos financieros por el pago aplazado (6,5%) de las obras y los suministros, "sin que se justifique la razonabilidad de dichos importes".
En el expediente consta un informe jurídico que justifica esta modificación por “concurrencia de interés público”, sin que, a juicio de la Sindicatura, concurran los elementos necesarios que fundamenten esta necesidad. Además, no se solicitó el informe del Consell Jurídic Consultiu, preceptivo al superar el contrato modificado el 20% del precio primitivo y éste ser superior a 6 millones de euros.
Otras de las numerosas irregularidades de este contrato son que en el expediente no se acredita la exención de constitución de garantía, que los estatutos de la empresa contratista no contemplaban la ejecución de obras ni la gestión de residuos, que la ejecución de la obra fue subcontratada íntegramente sin atender a los requisitos establecidos en la ley, que no se acredita la recepción formal por parte del Consorcio de las obras y suministros contratados y que únicamente constan facturas de la empresa subcontratista por la ejecución de la "oficina verde" y de otras empresas por el suministro de casetas por un importe conjunto de 143.699 euros.
El importe estimado por esta Sindicatura de los pagos efectuados a 1 de junio de 2016, en ejecución del contrato modificado anterior, que no se encuentran acreditados en el expediente o bien que se han efectuado de forma indebida, se recogen en un cuadro muy significativo (en euros):
Como se aprecia, sólo el 22% de los pagos realizados a Out Log en virtud del contrato modificado irregularmente estaba justificado, a ojos de la Sindicatura de Comptes.
Este contrato es el más importante de los que EUPV denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, que seis meses después presentó la denuncia contra Sergio Blasco por presunta malversación de caudales públicos.
Según informó entonces la diputada de este partido Marina Albiol, esta presunta trama de corrupción giraría alrededor de la adjudicación a empresas privadas de diversos contratos públicos relacionados con la atención sociosanitaria por un importe de al menos 24,9 millones de euros.
Según las conclusiones plasmadas en la denuncia, empresas de Francisco José Escandell Vila recibieron "numerosas adjudicaciones" desde que Sergio Blasco tenía responsabilidades orgánicas en el Hospital General (1999), primero por servicios de mantenimiento y limpieza y años más tarde, de manera más especializada, adjudicaciones importantes de gestión sociosanitaria.
Una de las empresas de Escandell Vila, denominada Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, fue vendida el 14 de mayo de 2012, según los datos del Registro Mercantil, a Francisco José Blasco Perepérez, hermano de Sergio Blasco Perepérez, según la denuncia. A partir de ahí, EUPV estableció las conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira. La denuncia aportaba pruebas de la supuesta relación de amistad entre los Blasco y el empresario Francisco José Escandell.
