Rafael Blasco y el empresario Tauroni, en el juicio por el que ambos fueron condenados.El nuevo auto de procesamiento del exconseller Rafael Blasco recoge correos electrónicos que evidencian el desprecio de la trama por los necesitados del Tercer Mundo
VALÈNCIA. La instrucción judicial sobre el fraude de las subvenciones al tercer mundo llevada a cabo por el empresario Augusto César Tauroni y el exconseller de Cooperación Rafael Blasco sigue generando un efecto dominó. La Fiscalía y la juez del caso han tirado otra ficha y, tras ella, 21 personas serán juzgadas junto a los principales presuntos ladrones del dinero del tercer mundo, del dinero de los más necesitados.
Una de las principales fichas que cae, y que se mantenía en pie tras la absolución del Tribunal Supremo en la primera pieza juzgada, es Marc Llinares, el que fuera jefe de área de Solidaridad, y uno de los más estrechos colaboradores de Blasco.
El auto notificado este viernes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Los correos electrónicos entre Llinares y el empresario Tauroni no dejan espacio para la duda, al menos eso es lo que ha pensado la magistrada instructora, que ha plasmado todas las maniobras de esta presunta trama corrupta en un auto de 374 hojas que narran la ignominiosa mecanización del fraude de subvenciones para socorrer a los más débiles del planeta. De hecho, el auto explica como desapareció el dinero destinado a construir un hospital en Haití, el país más pobre del mundo que fue devastado por un terremoto.
En un correo electrónico enviado por tauroni a Llinares se puede leer como la trama modifica a su antojo la elección de las entidades a subvencionar:
"Te remito la lista blanca y negra. En la negra hemos puesto también los que sabemos afín a la jefa para cambiar cromos, pero los que realmente nos interesa que no salgan están en rojo. En rojo son que NO, NEIN, NI DE COÑA, VAMOS QUE NO. Los que están en VERDE son la lista blanca, o sea, que sí, o sea que somos nosotros, o sea que como se equivoque lo mato".
La forma de hablar de los cooperantes o de las partes extranjeras, que eran integrantes de los proyectos, no deja lugar a las dudas sobre cómo actuaba la trama. En un mensaje a Tauroni, uno de sus colaboradores le dice, en referencia a un representante de Bolivia: "como te dije... no es el negrito del cola cao".
Una de las afirmaciones que más llama la atención del auto es cuando la magistrada expone que "la finalidad última de Augusto Tauroni era obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% de la cantidad subvencionada por la Administración. Para ello era necesario que la ejecución de los proyectos se dirigiese desde Entre Pueblos, que era quien se encargaba de buscar los proveedores". Cabe subrayar que Entre Pueblos no guarda relación alguna con la ONG Entrepobles, quien de hecho denunció a la trama por suplantación de nombre y ganó por vía judicial obligando a los ahora procesados a cambiar su denominación por la de Hemisfèric, tal y como explica la propia ONG a este diario.
La mecánica del fraude, utilizada presuntamente por el empresario para conseguir ese porcentaje, incluía a altos funcionarios como Llinares. Tal y como explica la magistrada en su auto, una empresa externa debía evaluar los proyectos para hacer una lista con diferentes puntuaciones. Pero ni eso fue óbice para que la presunta trama corrupta impusiera sus proyecto.
El auto explica que, "una vez llevados a cabo los trabajos de evaluación por Bi Consulting, esta remitía los mismos en CD a Inversiones y Estudios Caaz, mercantil que se encargaba de remitir a la Conselleria los informes y valoraciones de todos los proyectos, además de los rankings de las distintas convocatorias. Antes de la remisión definitiva de estos informes, se anticipaban los mismos a Marc Llinares, y tras el estudio de estos aplicando diversos porcentajes de minoración de las cantidades a subvencionar, y tras constatar qué entidades quedaban fuera o dentro de las subvencionadas, aquel indicaba bien directamente al Sr Castel, bien a través de D. Jesús Urquiza (Director Técnico y trabajador de confianza de Inversiones y Estudios Caaz y mano derecha de D. Luis Castel) qué proyectos había que modificar en lo que respecta a la puntuación concedida, al objeto de asegurarse de que entraran entre los subvencionados aquellos que presentaran determinadas entidades en las que había interés por parte de la Conselleria, ya fuese del Conseller, ya de él mismo, aun cuando la puntuación de sus proyectos, tras realizar la pertinente evaluación, estuviese por debajo de la requerida para poder acceder a la subvención".
Para poder acceder a las subvenciones, Tauroni contactaba con pequeñas ONG sin capacidad de gestión, a través de su ONG Entre Pueblos, para ofrecerles sus servicios y presentar proyectos. Y era, presuntamente, así como podían "falsear" quién era el receptor final del dinero.
Pero la filtración a la prensa de varios expedientes en los que se podía ver que varias entidades que no debían ser subvencionadas, sí que habían recibido el dinero, llevo a los miembros de la trama con, supuestamente, Llinares a la cabeza, a falsear documentos público.
La juez lo explica del siguiente modo: "Marc Llinares en connivencia con Luis Castel, alteró y modificó los informes archivados en las dependencias de la Conselleria de aquellas entidades que habían sido favorecidas por las subvenciones al margen de la valoración dada por la evaluadora, o aquellas que habían sido escasamente puntuadas por la Conselleria por la adecuación a las prioridades y objetivos de la Generalitat Valenciana, elevando esta última puntuación y bajando correlativamente la valoración técnica para que coincidiese con la puntuación final publicada en el DOGV (14/04/11).
Lo anterior llevó a la necesidad de que se modificase también el ranking técnico y final. Dichas modificaciones fueron llevadas a cabo desde las dependencias de Expande y más en concreto utilizando el ordenador que aparecía identificado informáticamente con el número de puesto 6".
Hasta la mujer del conseller Blasco formó parte de una de las entidades que fue gestionada por Entre Pueblos. El auto explica que: "En la Convocatoria pública de subvenciones para el año 2011, también tuvo participación otra entidad que finalmente no llegó a ejecutar ningún proyecto, la Fundación de la Comunidad Valenciana para la promoción del Área Mediterráneo-Latinomericana-Amela (Amela). Amela fue por José Vidal Beneyto, que fue representado en el acto por la esposa de Blasco, Consuelo Císcar".
"Por acuerdo del Patronato de la Fundación, se acordó nombrar presidente a José Vidal Beneyto, y vicepresidentas a la esposa de éste y a Consuelo Císcar. En los Estatutos de la Fundación no figuraba entre sus fines y actividades la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Con la finalidad de que Amela pudiese ser una de las entidades que presentase proyectos que fueran gestionados por Entre Pueblos en las convocatorias públicas de subvenciones del año 2011, y teniendo en cuenta la relación de la esposa de Blasco con el presidente de la entidad, se acordó modificar los estatutos con el solo fin de que la Fundación Amela pudiese llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo", apostilla el auto.
En cuanto al tema principal del auto, el desvío del dinero destinado a la construcción de un hospital en Haití. La juez escribe que la decisión de concederle a Entre Pueblos, es decir, a Yauroni, el proyecto la tomaron Blasco y Llinares.
