El otro día salía en el telediario, el de TVE1, una plataforma que se ha gestado en Canarias, “Canarias se agota”, promovida en un principio por grupos ecologistas. Ahora están en fase de expansión. Y ya habido incluso huelgas de hambre. Están organizando manifestaciones y movilizaciones en ciudades y pueblos de la isla para denunciar que el turismo masivo ha conducido a la precarización del empleo; también ha provocado una crisis de vivienda sin precedentes, ya que los turistas y residentes extranjeros pagan más por las casas y pisos y ello provoca que los ciudadanos autóctonos con menor renta se desplacen a los extrarradios porque es absolutamente privativo vivir en las áreas céntricas y semicéntricas de las ciudades.
También alegan que la masificación puede alterar la biodiversidad de las islas y por ello reclaman firmemente la implantación de una ecotasa. En el archipiélago gobierna Coalición Canaria con el respaldo del PP, pese a que el PSOE fue el más votado en los comicios autonómicos de 2023. Mera anécdota. En los dos primeros meses de 2024 se ha producido una afluencia de casi tres millones de turistas: esto no es anécdota.
Leo los argumentos de “Canarias se agota” e inevitablemente pienso en la Comunitat Valenciana. Son aplicables pese a los intentos de frenar el desarrollismo salvaje en la franja/litoral; ese era el espíritu del Pativel, un plan de acción territorial “verde” que impulsó el anterior gobierno de izquierdas, el Botànic: el PP, a través de la consellera de Medio Ambiente y Territorio Salomé Pradas, anunció a finales de 2023 “retoques” al Pativel a través de un ante-proyecto de ley al respecto. Pero ya no se habla mucho de ello. Sí que se habla, y se escribe, de la defensa del Consell de los propietarios de casitas a pie de mar, construidas en los años cincuenta y sesenta, y que están en peligro de extinción a tenor de la legislación estatal con las demarcaciones de costas. La subida del nivel del mar está provocando estragos.
Canarias es una de las comunidades más pobres de España con un PIB per capita de 22.300 euros. Es la tercera más pobre. La máxima está en Madrid (38.500) seguida casi a la par por País Vasco, Navarra y La Rioja. Son datos oficiales. Pero, ahí vamos, la Comunitat Valenciana no llega a los 25.000 euros per cápita lo cual la aproxima a las regiones más pobres: o, dicho de otro modo, la aleja de las comunidades ricas. El PIB per cápita es un indicador excelente para medir, aunque solo sea un poco, la calidad de vida de los habitantes de un territorio y el índice de desigualdades.
Cruceros llegando al Puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINA
¿Es legítimo preguntarnos, como están haciendo las plataformas conservacionistas de Canarias, si hay que repensar a fondo el modelo turístico? Sí: es legítimo. Y para ello no es preciso militar en Greenpeace. Alicante es uno de los paradigmas de los efectos negativos de masificación turística: precios de alquiler imposibles en los barrios centrales; gentrificación lamentable de todo el centro histórico (incluido el ensanche, hasta el eje Soto/Gadea/Marvá); situaciones de pobreza en algunos de los barrios del extrarradio, y no solo la Zona Norte; turismo de borrachera y de despedidas de soltero en zonas acústicamente saturadas...Hace falta repensar las cosas. Y para eso están los sabios. Puede que haya que celebrar el bombazo de cruceros que se prevén para la capital alicantina en 2024 y en 2025. Pero también hay que meditar en lo otro. Sin caer en maximalismos, asociando por ejemplo el anuncio de Aena de ampliar los aeropuertos públicos, Alicante-Elche y Manises, con “el capitalismo salvaje”, como ha dicho Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados. Tampoco estamos en el Apocalipsis.
Me pregunto tras estas reflexiones si estoy cayendo en las garras de la turismofobia. No. Creo que todo el mundo está en derecho de disfrutar sus vacaciones a pie de par. Ya no estamos, afortunadamente, en los tiempos en los que solo los “poquísimos” podían hacerlo. Pero habrá que limar los efectos colaterales no deseados de los “muchísimos”.
Asisto esta semana a la sede del PSOE de Elche para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano. El exalcalde Manuel Rodríguez es un libro abierto: la desamortización de Mendizábal (1836) tuvo un efecto perverso: los bienes enajenados fueron comprados por los ricos, la alta burguesía emergente, y las rentas que producían los comunales, destinas a ejercer la caridad con los más pobres, dejaron de existir. Era una singular seguridad social de la época, grosso modo. Los gitanos, que ya estaban proscritos tras la Gran Redada de 1743 fueron los más perjudicados. Los también exalcaldes Alejandro Soler y Carlos González entre los asistentes. Rodríguez nos refrescó la memoria: en el Holocausto fueron asesinados más de 250.000 gitanos de toda Europa. El genocidio romaní, como el armenio, van cayendo en olvido. Por asociación, Rodríguez se saltó al genocidio de Gaza y la pasividad de los países árabes de la región. Y de ahí se saltó a los nacionalismos obsoletos que suspiran por un estado/nación más o menos monocorde. Como no se corta un duro, Manolo (para los amigos), abominó de Puigdemont por xenófobo...
Imagen de archivo de Benidorm en verano.
