VALENCIA (EFE). La Federación de Servicios del sindicato UGT ha denunciado este miércoles que el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado el pasado 15 de septiembre por Cajamar Caja Rural podría afectar a un total de 295 trabajadores, la mayoría ubicados en la dirección territorial de Valencia y Castellón. El sindicato informa en un comunicado que ha presentado en la mesa de negociación del ERE una serie de medidas y propuestas con las que, asegura, se "minimizarían" los efectos negativos de este expediente para la plantilla y sus familias.
La prioridad, señala UGT, serían las prejubilaciones, y propone como otra opción un expediente de regulación temporal (ERTE) frente a la alternativa "exclusivamente extintiva de la relación laboral" que plantea la empresa.
Según el sindicato, la oferta presentada por la dirección de Cajamar plantea una indemnización por despido de 33 días por año trabajado para los mayores de 50 años, con un máximo de 24 mensualidades y un tope de 70.000 euros.
Para los empleados de entre 35 y 50 años, un total de 25 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades y un límite de 52.500 euros.
Por último, para el colectivo menor de 35 años, la empresa ofrece 20 días por año trabajado, con los topes de 12 mensualidades y 35.000 euros.
Esta oferta, según UGT, "denotaría importantes carencias de empatía, sensibilidad y generosidad hacia la trayectoria profesional y dedicación de la plantilla", y considera que sería "difícilmente aceptado por los diferentes colectivos.
Advierte asimismo que en caso de acogerse a la "voluntariedad de las bajas" incentivadas, los empleados quedarían expuestos a un proceso de movilidad geográfica interregional, y sería una aplicación literal de la última reforma laboral.
Recuerda además que la empresa, en negociaciones anteriores, como el ERE de 2012, manifestó su "buena voluntad y predisposición" para incluir mayoritariamente prejubilaciones.
UGT considera que la actual dirección de Cajamar "parece pretender justificar este segundo ERE cargando, de forma injusta e injustificada, mayoritariamente contra la plantilla de Valencia y Castellón", procedente principalmente de las extintas cajas rurales: "Ruralcaja, Caja Rural de Castellón, Casinos y Crèdit València", y supondría un proceso "discriminatorio" hacia este colectivo.
Advierte además que este ERE "reduciría notablemente en la Comunitat Valenciana las expectativas de crecimiento, arraigo y expansión previstas por la dirección de Cajamar".
Por todo lo expuesto, la Federación de Servicios de UGT, manifiesta su oposición al ERE presentado por Cajamar, y espera una "modificación sustancial en la oferta presentada y el estudio y valoración" de sus propuestas alternativas.
En caso contrario, asevera el sindicado, "nos veríamos obligados a adoptar otro tipo de medidas para ejercer la legítima defensa de los actuales puestos de trabajo y para defender los derechos laborales adquiridos".