Hoy es 14 de agosto
Entre los nombres que aparecen en el nuevo informe de la empresa Ciegsa están el exconcejal del PP de Valencia, Emilio del Toro, y la diputada autonómica y responsable de educación de los populares, Beatriz Gascó
VALÈNCIA. El gerente de la empresa pública Ciegsa, José Villar Rivera, ha redactado un informe, que la Abogacía de la Generalitat ha remitido al juzgado que instruye el Caso Taula, que levantará ampollas entre los actuales dirigentes del PP autonómico, ya que dos de sus diputados podrían ser imputados de confirmarse lo que denuncia el citado informe.
Uno de ellos es el exvicepresidente de la Generalitat José Císcar, actual presidente del PP de Alicante, quien según el informe contrató a trabajadores zombies –así se conoce a los que no trabajan realmente en la empresa o institución que les paga– en su época como conseller y vicepresidente. Otra de las señaladas es la actual responsable de Educación del PP, la diputada autonómica Beatriz Gascó, que, según el informe, fue una de las supuestas trabajadoras que cobró dinero público en Ciegsa sin haber pisado la empresa, tal y como ha adelantado este viernes Radio Nacional deEspaña.
El fraude por estas prácticas podría superar los dos millones de euros. En el informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, se evidencia que las personas que aparecen en la lista de investigados por la actual dirección de la empresa pública no tuvieron despachos, ni teléfonos de empresa ni extensión telefónica fija, y el trabajador del departamento de Recursos Humanos de Ciegsa que aún trabaja en la empresa pública no recuerda haberlos visto por allí.
Eso sí, varios de ellos dejaron de cobrar de Ciegsa cuando obtuvieron puestos más jugosos como el de concejal, asesor en la Conselleria de Educación, en la Diputación de Valencia o en Les Corts.
Emilio del Toro, exconcejal del PP de València e imputado dentro de la pieza que investiga el presunto blanqueo de capitales en el seno del PP de la ciudad, es otro de los nombres que aparecen en el informe de Ciegsa. Quien firmó su contrato en julio de 2011 no fue otro que el entonces conseller de Educación y vicepresidente del Consell, José Císcar. Explica el informe que fue fichado mediante un contrato de alta dirección para "desarrollar las funciones correspondientes a las relaciones de Ciegsa con la Conselleria".
Del Toro había sido concejal de Educación en el Ayuntamiento de València en la anterior legislatura, pero en las elecciones de 2011 quedó fuera del Consistorio y no pudo recuperar su puesto hasta octubre de 2012, al correr la lista por las renuncias de los concejales Jorge Bellver y Marta Torrado.
Ese contrato recibió un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se especificaba que "la competencia para contratar personal laboral de Ciegsa corresponde al Consejo deAdministración, y cumulativamente a los consejeros delegados o comité ejecutivo" y no del presidente, salvo que así lo acordase el Consejo de Administración. La empresa cumplió el trámite y Císcar pudo firmar el contrato en nombre de la empresa.
Del Toro trabajó para Ciegsa hasta febrero de 2012, pero "durante ese tiempo no recibió poderes notariales de ningún tipo delegados del Consejo de Administración, como sería propio de un contrato de alta dirección" y nunca tuvo cuenta de correo electrónico de la empresa, teléfono, despacho, ni nadie recuerda haberle visto por las oficinas.
Pero el contrato de Emilio del Toro no es el único de un presunto zombie vinculado a Císcar mientras era vicepresidente de todos los valencianos. El otro nombre que sale en el informe vinculado a él es el de Pablo Carreres, que se incorporó a la plantilla de Ciegsa en diciembre de 2007 con un contrato de alta dirección y un sueldo de más de 32.000 euros al año. A Carreres lo contrató el consejero delegado, José Luis López Guardiola.
Se mantuvo en la empresa hasta que Císcar lo nombró asesor de asuntos parlamentarios del gabinete del conseller en enero de 2012, momento en el que pidió una excedencia forzosa. En junio de 2014, Carreres remitió una carta a Ciegsa en la que solicitaba el reingreso al haber cesado la situación de excedencia forzosa por desempeño de cargo público.
Explica el informe que "hay que señalar que este trabajador, durante el periodo entre diciembre de 2007 y junio de2014, no recibió poderes notariales de ningún tipo delegados del Consejo de Administración", lo mismo que en el caso de Del Toro, y como él y el resto de supuestos zombies no tenía adscrito despacho ni lugar de trabajo en la sede de Ciegsa, ni cuenta de correo corporativo a su nombre, ni figura en los listados de extensiones telefónicas.
Y como con el resto, "la persona deRecursos Humanos no recuerda que hubiese acudido al centro de trabajo de esta mercantil. Es a partir de junio de 2014, cuando el consejero delegado, Martí Alapuz, le comunica que puede incorporarse a la empresa, cuando acude al centro de trabajo, hasta que es despedido en marzo de 2017".
El informe dice que el expediente de contratación de Beatriz Gascó se inicia, como en la mayoría de los casos, mediante una resolución que firmó el consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, como administrativa de la división de Relaciones Institucionales con un salario anual de más de 18.000 euros. La diputada había sido contratada a través de una empresa de trabajo temporal para trabajar entre el 26 de julio y el 30 de septiembre de 2006, es decir, "por tiempo limitado y fecha definida desde el comienzo". Sin embargo en el expediente consta que ella envió una carta en junio de 2007 a recursos humanos para decir "que la trabajadora dejará su puesto de trabajo en 15 días".
Lo que no dice el expediente, pero sí la investigación realizada ahora por Ciegsa, es que Gascó en realidad trabajaba en la Conselleria de Educación, aunque su sueldo salía de Ciegsa. José Martí, jefe de prensa de dicha Conselleria, envió un correo electrónico al departamento de Recursos Humanos en el que se puede leer textualmente:
"Mª Ángeles: Te escribo estas líneas para ratificarte, tal y como acordaste por conversación telefónica con Beatriz Gascó, su situación Laboral. Gascó ha venido prestando sus servicios en la Conselleria hasta el 15 de julio, avisó con 15 días de antelación que iba a pedir la baja voluntaria, y en el transcurso de este año no ha disfrutado de vacaciones".
El redactor del informe, sobre la diputada afirma que "durante el periodo que trabajó para Ciegsa nunca tuvo adscrito despacho ni lugar de trabajo en la sede de la empresa, ni cuenta de correo corporativo a su nombre, ni figura en los listados de extensiones telefónicas de ese periodo, por último, la persona que en estos momentos permanece en la empresa del departamento de Recursos Humanos no recuerda que Gascó hubiese acudido al centro de trabajo de la mercantil".
En cuanto al resto de personas mencionadas en el informe, todas fueron contratadas por Máximo Caturla. En la lista figuran María Teresa Talens; Andrés Colomer, que causó baja voluntaria como administrativo en la división de Relaciones Institucionales al ser contratado como cargo de confianza por los populares tras la llegada a la Diputación de Valencia de Alfonso Rus y Caturla; Teodosia de la Torre, que se supone que trabajaba en Relaciones Institucionales, en el archivo y en la actualización de bases de datos a 26.438 euros al año, pero que igual que el resto no hay constancia de que fuera nunca a trabajar; Elvira Marco, que cobraba 25.000 euros al año como administrativa y recepcionista, y a la que Císcar contrató después como asesora de asuntos generales del conseller, y Encarnación Mazón, quien fue contratada como oficial administrativo en la División Institucional con un sueldo anual de 25.200 euros.
Sobre esta última, el informe dice que "resulta curioso que la ETT comunique a Ciegsa el 12 de julio que como resultado del proceso de selección consideran la mejor opción posible entre todas las candidaturas presentadas a Encarnación, cuando el consejero delegado de la sociedad en un escrito fechado dos días antes ya había autorizado contratarla a ella". Esta mujer cobró de Ciegsa hasta que en marzo de 2008, "por resolución del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, fue nombrada directora del gabinete del conseller".