VALÈNCIA. El negocio es el negocio y lo que importa es ganar dinero. Eso es lo que debieron pensar en los consejos de administración de Gas Natural y Endesa cuando decidieron denunciar ante los tribunales el concurso público de suministro de energía del Ayuntamiento de València. Que el Govern de la Nau incluyera una cláusula que blindaba los derechos de las familias en situación de exclusión social no debió sentar muy bien a algunos contables, que pensaron que con eso se les impedía ganar unos jugosos dividendos.
Pero el Ayuntamiento de València no está dispuesto a dar su brazo a torcer. El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha defendido estas cláusulas sociales y de lucha contra la pobreza energética en un comunicado remitido por el consistorio. En él destaca que su departamento incluyó en el concurso público de suministro de energía del Ayuntamiento de València estas cláusulas para blindar los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta, una de las más significativas del gobierno de Joan Ribó, impide a las compañías eléctricas cortar la luz a un cliente sin pedir antes un informe social que acredite que el abonado dispone de recursos suficientes.
Las compañías han recurrido la cláusula que les impide cortar la luz a la gente que no tiene recursos económicos
"Entiendo que este concurso público, que incluye cláusulas sociales contra la pobreza energética, pueda molestar a los poderosos, pero por esa razón estamos aquí. El Gobierno de Joan Ribó tiene como principal objetivo rescatar personas. El Govern de la Nau defenderá el interés de los vecinos de València por encima del interés de las grandes corporaciones eléctricas", ha dicho el concejal Sergi Campillo. Así, el Ayuntamiento de València ha rechazado el escrito presentado por las compañías eléctricas Gas Natural y Endesa ya que una ley autonómica, aprobada por el parlamento valenciano el pasado mes de enero, exige a las administraciones valencianas paliar y reducir la pobreza energética en el territorio valenciano a través de cláusulas como la aplicada por el Ayuntamiento de València.
El Ayuntamiento ha presentado ya alegaciones para desestimar los recursos presentados por Gas Natural y Endesa en el Tribunal Central de Contratos. Dichas alegaciones que los artículos recurridos por las eléctricas se han basado en el articulado de la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana, de obligado cumplimiento para la administración local. Concretamente se trata del apartado segundo de la disposición adicional 3ª.
Campillo asegura que en el gobierno municipal están plenamente convencidos de la legalidad de las cláusulas sociales ya que han pasado todas los filtros jurídicos del Ayuntamiento de València. "Me entristece que las grandes compañías eléctricas que, junto con la banca, son las que peor imagen tienen entre la ciudadanía, no aprovechan oportunidades como ésta para unirse al clamor social que quiere que las empresas tengan una responsabilidad social corporativa real", ha asegurado Sergi Campillo.
Las eléctricas también han recurrido la cláusula que les impide ofertar un precio más alto que el que dicta el mercado
Por otra parte, el concejal de Gobierno Interior también ha defendido una segunda cláusula del concurso en la que se determina que los precios que pagará por la luz el consistorio en ningún caso podrán superar los precios establecidos en otros Acuerdos Marco suscritos por la adjudicataria con otras administraciones públicas. De esta forma, el Ayuntamiento tiene la opción de adherirse al menor precio de la luz, independientemente del precio ofertado en el concurso.
La cláusula fue introducida como una medida de precaución, ya que, tal como recordaba el concejal en el comunicado, el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento se hace por dos años, período en el que el precio de la luz puede variar. "Esta cláusula tiene mucho sentido y aquí nadie ganará dinero a costa de los valencianos mientras gobernamos", apostillaba el concejal.
No es la primera vez que las eléctricas recurren el concurso de un gran ayuntamiento. También ha sucedido en los casos de Madrid y de Barcelona. En el de la capital de España Gas Natural Fenosa, la tercera eléctrica española, recurrió el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid para exigir que se anule lo que calificaban como una "diabólica" cláusula que premiaba a las comercializadoras que venden electricidad libre de emisiones de CO2.
En Barcelona el concurso incluso fue tumbado por el tribunal catalán de Contratos del Sector Público al considerar que la cláusula relacionada con la pobreza energética que incorporaba no se ajusta a la legalidad. El concurso había sido recurrido por Endesa.
Pese a los precedentes, Sergi Campillo aseguró a Valencia Plaza estar convencido de que el caso valenciano es diferente. "Nuestra ley es mucha más clara que la catalana. En la ley valenciana habla expresamente de la pobreza energética", explicó. De hecho, según Campillo la ley autonómica incluso "obliga". "Lo hacemos con mucho gusto pero es que además no podríamos soslayarlo", aseguró. Con todo, le pareció muy significativo que las eléctricas hayan recurrido los concursos de las tres ciudades más importantes de España, gobernadas todas por los llamados Ayuntamientos del cambio.
Otro elemento diferenciador es que en esta lid el Ayuntamiento de València cuenta con el apoyo de uno de los partidos de la oposición, Ciudadanos. Así lo aseguró su portavoz en la ciudad, Fernando Giner, quien quiso manifestar que su partido siempre estará a favor de este tipo de medidas de apoyo a los más débiles. Desde la formación naranja recordaron su compromiso con los más desfavorecidos y quisieron dejar de manifiesto que el consistorio siempre les tendrá "a su lado" en estas cuestiones.
En lo que va de año, el Ayuntamiento ha concedido ayudas directas por valor de 227.883 euros para paliar la pobreza energética a través de la concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Consol Castillo. Estos recursos han permitido pagar 177 facturas de agua, 1.208 de luz y 262 de gas a las familias en situación de vulnerabilidad que tienen residencia en València.
Además, a esto hay que añadir las ayudas de emergencia social por valor de 3.500.000 euros que se conceden a las personas que acuden a los servicios sociales. Durante el año 2016 la concejalía abonó un total de 1.385 facturas por un importe de 251.941,70 euros. La concejala de Servicios Sociales ha dicho que "el Ayuntamiento está al lado de las familias, de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, y trabajamos para resolver sus problemas y no permitir que se den casos de riesgo".