Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. No bastaba con una sentencia a favor. El Ayuntamiento de València tendrá que reformar la ordenanza relativa al cobro de tasas a las empresas de suministros antes de poder recaudar cerca de 2,5 millones de euros a las compañías por este concepto. El consistorio ha iniciado el procedimiento para modificar el texto normativo y dar luz verde así a la liquidación de la tasa que, hasta el momento, no podía cobrar por estar judicializada.
La ordenanza, que debería estar aplicándose desde principios de 2018, dicta que las empresas deberán pagar al Ayuntamiento de València una tasa por las instalaciones de transporte de energía -torres, transformadores y otras instalaciones-, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo, o para el transporte de hidrocarburos. La tasa asciende al 5% de un índice calculado en función del valor de las instalaciones y el espacio que ocupan.
Sin embargo, algunas de las operadoras afectadas por esta norma presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante los juzgados con el fin de anular el gravamen municipal. Entre los argumentos esgrimidos por las compañías se encontraba el hecho de que se les estaba gravando doblemente por su actividad o que la ordenanza no contaba con la justificación preceptiva de los técnicos municipales.
El Tribunal Superior de la Comunitat (TSJ) les dio la razón, pero el recurso consistorial ante el Tribunal Supremo consiguió darle la vuelta a la tortilla al fallar el alto tribunal a favor del consistorio, lo cual desbloqueaba el cobro de la mencionada tasa. Pero antes, la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, deberá modificar el texto de la ordenanza.
Por ello, a principios de octubre salió a consulta pública el cambio del texto normativo en cuestión "conforme a recientes pronunciamientos jurisprudenciales". Esta fase tiene por objeto "recaudar la opinión de los sujetos y de las organizaciones y entidades más representativas potencialmente afectados por la futura norma", que han podido presentarse durante los 15 días después de la publicación de la consulta.
Según fuentes del departamento de Sanjuán consultadas por Valencia Plaza, el motivo de la modificación es que la ordenanza ha de tener en cuenta la intensidad de uso de las infraestructuras sobre las que se cobra la tasa. Ese extremo, que no estaba recogido en la ordenanza hasta el momento, deberá explicitarse con este cambio.
Así pues, toda vez superado este proceso, la ordenanza permitirá al consistorio reclamar el cobro de esta tasa a las compañías de suministros energéticos, agua y electricidad. No sólo en los próximos años, sino que también podrá hacerlo por todo lo que adeudan desde 2018.
Las previsiones recaudatorias que hace la delegación de Hacienda ascienden a unos 600.000 euros cada año, de manera que las deudas de las diferentes compañías con el consistorio por los últimos ejercicios que no se ha cobrado, y -según explican las mencionadas fuentes- teniendo en cuenta que deberían abonar un interés anual del 3,5%, la cuantía total a liquidar asciende a 2,5 millones de euros aproximadamente.
