Vicent Soler, en una imagen de archivo. Foto: KIKE TABERNERPese a una mochila de 44 años de desempeño en varias administraciones públicas, nunca me he acostumbrado a dos cosas. La primera es la costumbre de llegar al gobierno y edificar un nuevo proyecto político sobre la base de desacreditar, envilecer o destruir lo realizado por gobiernos anteriores, en particular si eran de signo contrario. Me resulta incomprensible la pérdida de tiempo y recursos que se obtiene con este morboso mecanismo que, de otra parte, es simplemente defensivo: no añade valor a la acción pública aunque envanezca a sus ejecutores y les aporte la falsa convicción de que están haciendo algo meritorio.
La segunda circunstancia a la que no me acostumbro es al cese de personas de valía sin motivo que lo justifique. Muy reciente, a este respecto, ha sido el de Vicent Soler como presidente del Consell Social de la Universitat de Valéncia. Así lo ha acordado el gobierno valenciano. Mi reflexión no tiene que ver con los indudables méritos de la persona que lo sustituye, que tiene todo mi respeto, sino con la decisión previa de cesar a quien no llevaba siquiera un año de ejercicio, de los cuatro que prevé la normativa estatutaria, y la ausente oportunidad de la misma.
Más allá de las excusas oficiales sobre <<perfiles>>, resulta difícil abstraer esta decisión de un ejercicio sectario. Por varias razones. Primero porque, en situaciones similares, el anterior gobierno valenciano respetó el tiempo previsto, sin forzar ceses anticipados, en lo que fue una muestra de cortesía y reconocimiento. Segundo, porque forma parte de la filosofía meritocrática, que impregna nuestro derecho público, la elevación de los méritos personales cosechados por encima de las preferencias políticas, religiosas, futbolísticas o de cualquier otro tipo que cada ser humano custodia en su archivo personal. Tercero, porque el gobierno presidido por el señor Mazón no ha dudado a la hora de mantener a anteriores cargos públicos del Botànic cuando le ha convenido –por ejemplo, ante la gestión del Parc Sagunt II y la megafactoría de baterías- e, incluso, ha forzado la continuidad de otros en razón de su valía. Este ha sido el caso del área de Emergencias donde, bien por la orfandad de candidatos propios, bien por el horror a cargar con la inmediata responsabilidad de los incendios forestales, se negó el cese a quienes gestionaban dicha parcela en el gobierno del Botànic.
A las anteriores contradicciones e inconsecuencias se añade la consideración pública que atraía el profesor Vicent Soler al Consell Social. Una consideración fundamentada en el respeto y reconocimiento que merecía una trayectoria personal, de más de medio siglo, preñada de grandes ambiciones para la Comunitat Valenciana. De hecho, si el actual Consell tiene ahora trabajo es, en buena parte, gracias a personas que, como Soler, asumieron riesgos y aplicaron grandes esfuerzos a la consecución de la autonomía cuando el entusiasmo por ésta era anatematizado por quienes, como aquel joven inspector de tributos llamado José Mª Aznar, velaban por entonces unas armas políticas de indudable aroma franquista y fragancia hipercentralista.
No sólo por el anterior motivo, la historia personal del profesor Soler dibuja una trayectoria de notable servicio a los valencianos. De ese servicio forma parte su presencia en un clima intelectual empeñado en conducir al siglo XXI la vía valenciana del siglo XX, recogiendo en esta nueva versión la ampliación de las señales de identidad de modo que, a las cosechadas por el tiempo histórico, se incorporen las que forjan los modernos estados del bienestar y las que se adhieren a la ampliación de éste mediante liderazgos propios ante el cambio climático, las nuevas desigualdades y las transiciones económicas necesarias para converger con la Europa empresarial y laboral más avanzada en renta, conocimiento, innovación y derechos sociales.
Fueron la presencia de esa indudable vocación pro-valencianista, de su indiscutida erudición en el campo de la economía valenciana y de su rica experiencia, durante décadas, en la Universitat de València, su Facultad de Economía, varias áreas del gobierno valenciano y de otras instituciones, como el ayuntamiento de la capital o las Corts Valencianes, las que condujeron a su nombramiento como presidente del Consell Social de aquella universidad. Ese Consell que asume la compleja aleación del mundo universitario con el entorno social y económico de la Academia. Una aleación que precisa, para su optimización, de un catalizador eficiente: ahí entraba Vicent Soler y su densa agenda de relaciones personales con profesores e investigadores, empresarios y sindicalistas. Con su saber sobre más de medio siglo de la economía valenciana. Con su inclinación mediadora, incubadora de acuerdos.
Alguien puede decir que la decisión del gobierno valenciano es legítima. De nuevo, no se discute ese punto, sino su oportunidad. Un Consell Social universitario se encuentra lejos de la contienda política habitual y no tiene por qué estar alineado al cien por ciento con el Ejecutivo de cada momento. De hecho, es su pluralidad de experiencias e ideas la que mejor engrasa sus rodamientos. Y es el respeto a esa pluralidad, e incluso a la presencia de potenciales contradicciones, lo que identifica a un buen gobierno: el que es capaz de superar sus fobias en atención al interés general. Lo más reaccionario, de la derecha y de la izquierda, es temer lo que no se controla. Es abrir la espita de la visceralidad o, peor aún, pensar que mandar es patrimonializar la estructura gubernamental e, incluso, lo que, no formando parte de la misma, apenas mantiene con aquélla una relación indirecta, en gran medida protocolaria.
Ahora ha sido Soler, poco antes lo ha sido el centenario de Estellés… ¿por qué no hay liberales en el gobierno de la Generalitat, de esos capaces de elevarse sobre sus prejuicios?
