María José Salvador, consellera de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZ
13/01/2017 -
VALENCIA. Al Consell se le enreda cada vez más el asunto de Puerto Mediterráneo. La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Partido Popular, ha desmontado el argumento clave con el que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente defendió el rechazo de la Generalitat a este proyecto, un macrocentro comercial y de ocio que preveía 860 millones de inversión y 5.000 puestos de trabajo. El asunto, como viene informando este diario, ya se encuentra en manos de los tribunales.
El Consell dijo 'no' al complejo a través de una memoria ambiental desfavorable que después fue ratificada por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. El argumento estrella fue que el proyecto no respetaba el margen de 100 metros cuadrados junto a la CV-35. Para defender este criterio la memoria ambiental se agarraba a la Ley de Carreteras 6/1991 de la Comunitat -modificada en 2006-.
Extracto de la memoria ambiental, que apela a la Ley 6/1991 para fijar un margen de 100 metros junto a la CV-55
En el lado opuesto de la disputa, la firma promotora de Puerto Mediterráneo, Intu Eurofund Investment, defiende que la normativa vigente para determinar la zona de servidumbre del proyecto es el II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana,
En concreto, la empresa afirma que la mencionada Ley 6/1991 modificada en 2006 a la que se agarra la memoria ambiental "establece la regla general de que la zona de protección tendrá la amplitud que se determine mediante la planificación viaria", y que dicha planificación viaria, en el caso de la Comunitat Valenciana, es precisamente el II Plan de Carreteras, que determina que "las autopistas, autovías y las carreteras cuya IMD (Intensidad Media Diaria) sea superior a 5.000 vehículos día, así como los tramos de previsible desdoblamiento, en éste y en próximos planes de carreteras, tienen una zona de protección de 50 metros".
Para arrojar luz sobre cuál es realmente el texto legal vigente, el diputado del Partido Popular Alfredo Castelló formuló una maliciosa pregunta parlamentaria dirigida a la consellera de Vivienda, María José Salvador. "¿Qué normativa ha derogado el II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana aprobado por el Consell en febrero de 1995?", preguntó el parlamentario.
En su respuesta, la consellera da la razón a Puerto Mediterráneo, al reconocer que el plan que exige sólo 50 metros junto a vías como la CV-35 sigue estando vigente. "No consta que exista norma de rango legal o reglamentario que haya derogado expresamente el II Plan de Carreteras de la Comunitat Valenciana", afirma la dirigente.
Enclave del proyecto junto a la CV-35
La conselleria advierte de que parte de esta normativa, en concreto el anexo III del II Plan de Carreteras, fue derogado, si bien dicho fragmento no afecta al tema en cuestión: la zona de servidumbre que debe dejarse junto a las carreteras, según trasladan a Valencia Plaza fuentes conocedoras del proceso.
Respuesta de María José Salvador a la pregunta parlamentaria de Alfredo Castelló
En este escenario, la batalla judicial entre la empresa y la administración se augura larga y compleja. La pugna comenzó con el preceptivo recurso contencioso-administrativo contra la negativa de la Generalitat, pero la mercantil también contempla otras acciones como una querella por prevaricación o una demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, tal y como informó Valencia Plaza.
María José Salvador, consellera de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZ 
