Compromís advierte del "descontrol" de los apartamentos turísticos en los barrios marítimos

VALÈNCIA (EP). La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha avisado de la situación de "descontrol" de los apartamentos turísticos en los barrios marítimos de la ciudad, como el Grau, el Cabanyal o el Canyamelar, que "amenaza con un cambio radical" en la vida del vecindario, con "la desaparición de oferta de alquiler y compra residencial" y "la transformación de bajos y comercios que cierran al público".

Robles, junto con los también concejales de la formación Ferran Puchades, Eva Coscollà y Glòria Tello, se ha reunido con representantes de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar para "intercambiar reflexiones y propuestas" sobre la situación de los apartamentos turísticos en estos barrios, según ha informado la coalición en un comunicado.

Desde Compromís han considerado "muy grave y preocupante" la situación que viven barrios como el Grau, el Cabanyal o el Canyamelar con la implantación de apartamentos turísticos. Un escenario que, según ha advertido Robles, se está incrementando "de forma acelerada" durante los últimos meses.

De hecho, ha incidido que la oferta a esta zona de la ciudad "duplica el número de los apartamentos registrados", lo que demuestra "el alto grado de oferta ilegal y la necesidad" de que la alcaldesa de València, María José Catalá, "tome de una vez por todas cartas en el asunto". "Estamos cansados de sus 'pensaetes', que solo sirven para eternizar los problemas de la ciudad con un inmovilismo más que preocupante", ha subrayado.

Ante esta situación, los ediles de Compromís han trasladado sus propuestas a los vecinos, que pasan por decretar "de forma inmediata" una moratoria en la concesión de licencias y por una revisión "urgente" de las normas urbanísticas con el fin de "ordenar y regular" la presencia de las viviendas de uso turístico y otros recursos turísticos como hostales, pensiones y hoteles.

Según ha argumentado Robles, "ya existe un amplio consenso social en que la regulación de los apartamentos turísticos y toda la oferta de alojamiento es una urgencia para la ciudad que debe ser afrontada de forma inmediata", por lo que "no caben dilaciones ni estudios ni grupos de expertos". "La moratoria es esencial para poder afrontar el futuro de nuestros barrios", ha subrayado.

La portavoz de Compromís en el consistorio valenciano ha apostado por impulsar la creación de un registro propio desde el Ayuntamiento, así como por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitarlas a un máximo de un cinco por ciento por cada manzana y por redactar un plan de ordenación de "todos los recursos turísticos de la ciudad" para "planificar y gestionar las distintas modalidades" de alojamiento.

En este contexto, durante las próximas semanas el grupo municipal Compromís continuará con reuniones con representantes vecinales de los diferentes barrios para "testear las diferentes realidades" que se viven en relación con la implantación de los apartamentos turísticos.

"Máxima contundencia"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido este viernes con la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, preguntada por la situación de los apartamentos turísticos en la ciudad, ha asegurado que durante "los próximos meses" se va a "perseguir con la máxima contundencia" la actividad ilegal en este ámbito.

La primera edil ha indicado que la propia Federación vecinal trabaja con el consistorio a través de mesas específicas "las preocupaciones e inquietudes de los vecinos, entre otras, el tema de los apartamentos turísticos". Además, ha reivindicado que el gobierno municipal que ella preside ha puesto en marcha cuatro equipos de inspección para detectar apartamentos turísticos "irregulares".

En cualquier caso, ha precisado que la orden de cierre de un apartamento turístico llega "después de una tramitación administrativa", por lo que no se lleva a cabo "a la primera notificación". "No podemos vincular una orden de cierre, pero si durante la tramitación se puede, se va a llegar a la máxima consecuencia de la actividad ilegal", ha apuntado.

Así, ha especificado que la normativa exige "una tramitación del expediente abierto" hasta que se decrete la orden de cierre, por lo que no es algo "discrecional", sino que existe "un proceso administrativo".

No obstante, ha recalcado que el consistorio lo que busca "perseguir", y de la forma "más contundente", es "la actividad ilegal". "Genera un perjuicio en la convivencia de los vecinos que no está dentro del marco regulatorio de la ciudad", ha añadido.