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VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Justicia e Interior ha puesto en servicio el sistema digital Lexnet para las comunicaciones entre los Juzgados de Primera Instancia de la Audiencia Provincial de Valencia y la Abogacía de la Generalitat y también entre los juzgados y algunos hospitales.
El objetivo de esta plataforma digital es agilizar las comunicaciones entre los juzgados y otros operadores jurídicos para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
A partir de este pasado lunes por los Juzgados de Primera Instancia, secciones Civiles de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de la Provincia de Valencia se podrán remitir a la Abogacía de la Generalitat a través de Lexnet las notificaciones previstas en los procedimientos de impugnación de resoluciones de justicia gratuita, así como en las materias de familia y discapacidades (incluidas las Secciones Civiles de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y el Servicio Común de Ejecución Civil de Mislata).
No obstante, se establece un período transitorio de 10 días naturales de posible notificación papel o Lexnet de estas notificaciones para evitar problemas procesales, por si surgiera algún impedimento tecnológico en la emisión o recepción.
El pasado 1 de diciembre también entró el vigor el sistema de comunicación directa y segura Lexnet entre los juzgados y algunos hospitales, como son el de Llíria, el Arnau de Vilanova, y los hospitales General y Provincial de Castellón.
Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas).
A esta plataforma pueden acceder los letrados de la Administración de Justicia, procuradores, abogados, graduados sociales, Abogacía del Estado y de las comunidades autónomas, servicios jurídicos de la Seguridad Social, Fiscalías, asesorías o servicios jurídicos de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Cortes Generales/Asambleas Legislativas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, hospitales y Puntos de Encuentro Familiar.