2023, año decisivo para lograr la "autonomía" del Museo de Bellas Artes

VALÈNCIA. Hace años que se viene pidiendo una mayor autonomía para el Museo de Bellas Artes de València, un deseo que ha sido manifestado por políticos, gestores culturales y sus propios directores, que no han sido pocos en los últimos años, ahora con Pablo González Tornel a la cabeza de la pinacoteca. La petición no es baladí. De titularidad estatal y gestión autonómica, su extraño encaje jurídico ha provocado una palpable limitación a la hora de gestionar el centro, un marco que encorseta su capacidad de crecer y de contar con más recursos. La necesidad de una solución no es nueva y es una de las preguntas más repetidas a los distintos consellers de Cultura que pasan por el despacho de Campanar, un departamento que ahora capitanea Raquel Tamarit. Lo que hasta ahora era un horizonte lejano, sin embargo, parece empezar a ver la luz.

No han sido pocas las reuniones que se han dado entre el Ministerio de Cultura y la Conselleria de Cultura en los últimos años para desatascar la cuestión, encuentros en los que se han puesto encima de la mesa distintas fórmulas con el objetivo de ampliar la “autonomía” del centro. Estas propuestas, como la creación de un consorcio, han acabado en última instancia en un cajón, principalmente por la negativa del gobierno central a comprometerse con los marcos planteados por la administración autonómica. Sin embargo, la Generalitat Valenciana está convencida de que 2023 es el año en el que se va a encontrar solución a esta –histórica- cuenta pendiente, un deseo reflejado de manera explícita en la Ley de Acompañamiento del próximo curso. Así, el objetivo se ha incluido en la norma a través de una enmienda firmada por Compromís, PSPV y Unides Podem, con lo que se prevé su inminente aprobación, un texto que pone negro sobre blanco la intención de dar con una solución para el museo en los próximos meses, un año, claro está, marcado por las elecciones.

Dudas sobre la fórmula

La enmienda nace con el objetivo de “abrir una puerta” a la “posible autonomía” del Museo de Bellas Artes, explican fuentes de la Conselleria, un texto que marca la fórmula deseada por el gobierno autonómico aunque, ojo, todavía hay dudas al respecto. “Para realizar las gestiones encomendadas en régimen de descentralización funcional, se podrá crear una Entidad de Derecho Público del Museo de Bellas Artes de València, que tendrá personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión”, reza el texto firmado por el Botànic. Sin embargo, aunque la enmienda es explícita por lo que respecta al marco que dibuja para la pinacoteca, la realidad es que todavía hay dudas sobre la fórmula que se podrá ejecutar en última instancia. Así, tal y como subrayan desde Cultura, el texto no dibujaría la Entidad de Derecho Público como certeza sino como posibilidad –“se podrá”-, a pesar de que el texto propuesto para la Ley de Acompañamiento solo menciona y desarrolla esta opción.

El texto, de hecho, continúa desarrollando la propuesta y explica que como Entidad de Derecho Público el museo estará facultado “para realizar actividades administrativas, prestacionales y de fomento, gestionar servicios o producir bienes de interés público susceptibles o no de contraprestación”. En cualquier caso, esta sería una de las fórmulas que estaría encima de la mesa, aunque no la única, pues la enmienda se incluiría en la Ley antes de haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Cultura, titular del museo e institución necesaria para realizar cualquier cambio en la arquitectura interna del mismo. Con esta inclusión, eso sí, esperan desde Conselleria avanzar en las negociaciones con el gobierno central para aclarar el marco definitivo para llegar a la ansiada autonomía del museo.

Esta cuestión no es menor pues el complejo encaje jurídico al que está sujeto el centro limita sensiblemente su capacidad de acción y agilidad tanto a la hora, por ejemplo, de recibir donaciones o llegar a acuerdos de colaboración con entidades privadas. Otra cuestión que no es menor es el tema del presupuesto. Actualmente el museo no recibe una partida específica del gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como sí lo hacen otros centros como el IVAM o Les Arts, que de cara a 2023 recibirán medio millón y 2,5 millones respectivamente. En su lugar el gobierno puede financiar distintos proyectos específicos, aunque están sujetos a el cumplimiento por parte del propio Ministerio. En este sentido, para 2023 los PGE plantean una primera inversión para la nueva instalación museográfica y la mejora del entorno y los accesos, aunque esto no es nuevo: la partida lleva años sin ejecutarse y, por tanto, ‘corriendo turno’ al próximo año.

Esta modificación de su naturaleza, impulsada ahora en el contexto de la Ley de Acompañamiento, quiere ser un balón de oxígeno para el museo valenciano, un cambio en el que la Generalitat lleva inmerso meses, tal y como desveló la Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, durante una entrevista concedida a este diario el pasado mes de abril. “Estamos trabajando para que sea una Entidad de Derecho Público, un acuerdo que hemos alcanzado con el Ministerio de Cultura. Hemos preparado un articulado de un anteproyecto de Ley junto con un equipo de la Universitat de València y la propia Abogacía, un texto que en el Ministerio conocen y al que han dado el visto bueno […] El trabajo está realizado, los borradores de los documentos legales están siendo revisados por los órganos correspondientes de las dos administraciones y se está ultimando la manera de introducirlos en nuestras legislaciones”, explicó antes de verano.