Los 27 respaldan reducir un 30% el desperdicio de alimentos en 2030

VALÈNCIA (EP). Los Veintisiete han respaldado este lunes la propuesta de la Comisión Europea de reducir en 2030 el desperdicio de alimentos un 30% per cápita en restaurantes, supermercados y hogares y en un 10% en la fabricación y procesado, además de responsabilizar a los productores de textiles de cubrir los costes de gestión de sus residuos.

Esta será la posición que defienda el Consejo en sus negociaciones con el Parlamento Europeo para dar forma al texto final, aunque la Eurocámara defendía un objetivo más ambicioso: reducir los desperdicios en un 40%.

Los objetivos de reducción de alimentos se calcularán en comparación con la cantidad generada en 2020, ya que fue el primer año en el que se recogieron datos sobre el desperdicio de alimentos según un método armonizado.

No obstante, los Estados miembro han introducido una disposición que les permita utilizar un año de referencia anterior a 2020 si existieran métodos adecuados de recopilación de datos a nivel nacional y ya que los datos de 2020 pueden, en algunos casos, no ser representativos debido a la pandemia de Covid-19.

Los ministros han acordado también que es necesario desarrollar factores de corrección para tener en cuenta las fluctuaciones en el turismo y los niveles de producción en el procesamiento y la fabricación de alimentos en relación con el año de referencia.

La propuesta para la revisión de la directiva marco sobre residuos prevé sistemas armonizados de responsabilidad ampliada del productor, que exigirán a las marcas de moda y a los productores textiles pagar tasas para ayudar a financiar los costes de recogida y tratamiento de residuos. Estos planes se establecerán hasta 30 meses después de la entrada en vigor de esta directiva y los ministros acordaron incluir a las microempresas en su ámbito.

El nivel de esas tarifas se basará en la circularidad y el desempeño ambiental de los productos textiles y, como prevenir el desperdicio es la mejor opción, el enfoque general establece que los Estados miembro pueden exigir tarifas más altas a las empresas que sigan prácticas industriales y comerciales de 'fast fashion'.

La posición negociadora del Consejo también contiene disposiciones específicas para los Estados miembro en los que hay una mayor proporción de productos textiles evaluados como aptos para su reutilización en el mercado, de modo que esos países podrán pedir a los operadores de reutilización comercial que paguen una tarifa más baja cuando pongan esos productos a disposición de sus mercados por primera vez.