ALICANTE. El Gobierno del PP al frente del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por ocho concejales de 29, estudia ya medidas para evitar posibles anulaciones en los cobros de tributos municipales tras la sentencia que recrimina la inexistencia de un órgano específico para la resolución de reclamaciones sobre esos impuestos. Fuentes municipales precisaron que el servicio de Asesoría Jurídica está analizando el fallo, fechado el 11 de abril, con la finalidad de estudiar posibilidades de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Ese es, según las mismas fuentes, el escenario probable para tratar de defender los intereses municipales frente a otras posibles impugnaciones similares a la que ha dado lugar dicho fallo condenatorio.
Como ha publicado Alicante Plaza, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 anula la liquidación del impuesto de plusvalía girado a un particular (por un importe de 281.000 euros) al considerar que el Ayuntamiento había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectivo como consecuencia de un incumplimiento legal: no disponer del órgano especial regulado desde 2003 en la Ley de Bases de Régimen Local para la resolución de reclamaciones relacionadas con la gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos de competencia municipal.
La partida necesaria para crear el órgano especial para resolver las reclamaciones tributarias se habilitó por primera vez en el presupuesto de este año
De hecho, el PP trata de acelerar ahora la constitución de ese tribunal específico con una inyección adicional de 60.000 euros en la partida que el PSOE creó para ese mismo fin en los presupuestos municipales de 2018. En realidad, en esa partida se abrió con una dotación de un euro: es decir, simplemente el formalismo necesario para habilitarla. La exconcejal de Hacienda socialista, Sofía Morales, indicó que se decidió incorporarla cuando los técnicos de su departamento le informaron de que dicho órgano específico debía crearse, en el momento en el que se estaba diseñando el presupuesto. Esa advertencia, dijo, no se produjo durante la elaboración de los presupuestos anteriores que recayeron bajo su responsabilidad en ese departamento, ni en 2017 ni en 2016.
Lo cierto es que, como subraya la propia sentencia, la obligación de la constitución de ese órgano específico entró en vigor en 2004 para todas las poblaciones de más de 250.000 habitantes. Desde entonces, ni el PP (que gobernó desde 1995 hasta 2015) ni el tripartito que le relevó tras las últimas elecciones municipales habían dado cumplimiento a ese requisito.
