El secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, el día de su declaración ante el juez. Foto: EFEALICANTE. La titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha decidido archivar la denuncia penal que presentó la Generalitat contra la patronal alicantina, Coepa, por un supuesto desvío de las subvenciones recibidas en su momento del Servef para financiar el Centro de Oficios. Según han confirmado a Alicante Plaza fuentes conocedoras del procedimiento, la resolución judicial señala que han transcurrido más de cinco años desde que sucedieron los hechos denunciados, por lo que en cualquier caso el presunto fraude estaría prescrito.
Las mismas fuentes han indicado a este diario que la sentencia de la juez de Instrucción es recurrible ante la Audiencia Provincial, por lo que el Servef podría insistir en la vía penal iniciada el pasado septiembre. Tal como desveló Valencia Plaza en su día, el Servef denunció a Coepa por fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible en la tramitación de más de 6,82 millones de euros en ayudas y créditos públicos ingresados desde 2002 para sufragar la construcción de un centro de formación en prevención de riesgos laborales.
La denuncia, presentada en los juzgados de Valencia, fue remitida a Alicante, donde se abrieron diligencias. Sin embargo, el juez ha archivado la denuncia sin que haya llegado a haber un solo imputado: tal como contó este diario, la titular de Instrucción 9 citó al secretario general y abogado de Coepa, José Ramón Lillo, para declarar en el procedimiento, pero lo hizo como testigo tras aceptar el recurso de la patronal alicantina y 'desimputarlo'. Lillo fue nombrado secretario general este pasado verano, al terminar un ERE que redujo a solo dos personas la plantilla a tiempo completo de la patronal, una circunstancia que alegó Coepa para lograr su desimputación. Con el mismo argumento, la patronal logró también que la juez retirara la citación a su actual presidente, Francisco Gómez, dado que en los años en que se construyó el Centro de Oficios no formaba parte de la cúpula de Coepa.
Precisamente el tiempo transcurrido desde la recepción de las subvenciones y el momento de la denuncia es la base de la resolución judicial en la que el juez archiva el caso en primera instancia, según las fuentes consultadas. Desde la patronal alicantina siempre han defendido que, al contrario de lo que denunciaba el Servef, no hubo duplicidad en las facturas utilizadas para justificar las subvenciones, dado que se presentaron los mismos documentos, y no duplicados, ante el Servef y el IVF para "cosas distintas". El secretario general de Coepa defendió esta tesis ante la juez, y aportó nuevas facturas que el Servef no había tenido en cuenta a la hora de concluir que no se había justificado la totalidad de las ayudas concedidas.
Tras la declaración de Lillo, el pasado febrero, el abogado de la patronal alicantina aportó al juzgado la documentación exhibida por el empleado de Coepa en su testifical, junto con un escrito en el que solicitaba el archivo del caso por la vía penal. No obstante, aunque la juez basa el sobreseimiento en el tiempo transcurrido (las ayudas llegaron entre 2005 y 2010, por lo que cesaron seis años antes de la denuncia), el Servef tiene iniciados varios procedimientos de reintegro por ayudas concedidas a la patronal alicantina. La liquidación exprés de Cieval, además, motivará que el Consell reclame directamente a la patronal alicantina la devolución de estas subvenciones no justificadas, que desde Alicante advierten de que están afectadas por la quita del 95% que aceptó Cierval en el concurso de acreedores.
