Arranca el juicio por el asesinato del exalcalde de Polop entre la negación de los acusados

ALICANTE (AP/EFE). El inicio formal del juicio por el crimen de quien fuese alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, se aplaza finalmente hasta el martes, día 14, tras el retraso en el trámite de constitución del tribunal del jurado. El proceso de selección de sus nueve titulares y dos suplentes se ha prolongado esta mañana durante más de cinco horas, lo que ha motivado que la primera jornada de la vista se posponga un día, para no interrumpir ni la exposición de los informes de las partes ni la comparecencia del primer testigo que se había programado para la primera sesión. 

El proceso, que se celebra en la Audiencia Provincial, llega cerca de 13 años después de que tres disparos acabasen con la vida del exprimer edil polopino, cuando regresaba en su vehículo particular a su domicilio, situado en la pedanía de Xirles.

La causa se dirige contra siete acusados entre los que figura el exconcejal de Urbanismo y sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Al exdirigente popular se le considera el inductor intelectual del crimen. La Fiscalía sostiene que actuó con el fin de apartar a Ponsoda del control del Ayuntamiento y de las decisiones urbanísticas del municipio. Según el sumario, Cano habría concertado la ejecución del crimen con la participación del empresario Salvador García, junto al propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Alberto Gatto. Las reuniones para acordar el asesinato se habrían producido en un reservado del propio prostíbulo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los cuatro habrían contratado a tres supuestos sicarios, Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, también procesados como supuestos autores materiales de los disparos, tras haber recibido el pago de 50.000 euros. Los siete acusados se enfrentan a una petición de pena de 25 años de prisión como responsables de un delito de asesinato. En el caso de los tres presuntos autores del tiroteo,  también se pide una condena adicional de dos años más por un delito de tenencia ilícita de armas.

En la investigación jugó un papel fundamental la declaración de un testigo protegido, a quien, supuestamente, se habría tratado de contratar inicialmente para que fuese quien ejecutase a Ponsoda, a cambio de 35.000 euros.

Por lo pronto, algunos de los acusados, como el empresario polopino Salvador García, ha ofrecido las primeras declaraciones, a las puertas de la Audiencia, en las que ha negado toda participación en los hechos, así como la versión ofrecida por el testigo protegido en el que se sustenta gran parte de la investigación. De hecho, ha señalado que, en el momento en el que se produjo el crimen, hacía 20 años que no hablaba con el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, a quien se considera el supuesto cabecilla de la trama que planeó el asesinato.

En declaraciones a los periodistas, ha insistido en que está "muy tranquilo" y en que desconoce "por qué" le sitúan en la trama. Sobre el testigo protegido, que supuestamente le implica en el planeamiento del crimen junto a Juan Cano por intereses urbanísticos, ha comentado: "Me río del testigo protegido". Ha proseguido que hace 30 años que no habla con Cano, por lo cual no tenía relación con él cuando ocurrió el crimen, y ha añadido que está dispuesto a responder todas las preguntas en la sesión apostillando que lo hará "con dos cojones". Preguntado por los propietarios del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se planeó el asesinato, Salvador García ha comentado que los conoce perfectamente y que son "amigos íntimos".

Por su parte, uno de los tres supuestos sicarios que debía prestar testimonio este lunes, Raúl Montero, también ha afirmado, después de que se hubiese completado el trámite de constitución del jurado, que a los procesados se les acusa "injustamente" y que "nadie sabe lo que he pasado".

A preguntas de los periodistas, Montero ha señalado que estos años transcurridos han sido "angustiosos" tanto para los familiares de Ponsoda como "incluso a los que nos están acusando indebida e injustamente". "Yo la tengo (la vida) arruinada; todavía, nadie sabe lo que he pasado". En esta línea, ha manifestado su confianza en que en el juicio "se aclare esto" y que a los culpables se les busque "por otro medio y en otro lugar".

Por su parte, el abogado del propietario del club de alterne Mesalina donde, presuntamente, se planeó el asesinato ha insistido en la inocencia de su defendido y ha recalcado que nunca no se debió pasar de fase de instrucción porque no hay evidencias de peso. En esta línea, ha explicado que las únicas pruebas de cargo se sostienen en la declaración de un testigo protegido que "falta a la verdad" y que presenta "incongruencias".