El exalcalde de Polop, Juan Cano, a su llegada a la Audiencia. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El juicio por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda (PP), ha arrancado en la Audiencia de Alicante finalmente este martes, un día después de lo previsto, tras el retraso en la constitución del jurado. La sesión ha comenzado pasadas las 10:15 horas, ante el retraso de uno de los acusados, Ariel Gatto. No obstante, antes del inicio de la vista, el abogado de la acusación particular ejercida por la familia de Ponsoda, Vicente Guerri, ya ha adelantado cuál sería su posición en el proceso. A las puertas de la Audiencia, Guerri ha sostenido que el crimen estuvo motivado por "la ambición personal de Juan Cano", el sucesor de Ponsoda en la alcaldía y al que se cree el presunto cabecilla de la trama. El letrado ha apuntado también a la obsesión que los acusados sentían respecto al alcalde de Polop y ha incidido en que Cano pudo urdir la muerte de Ponsoda "por cuestiones urbanísticas".
Así, ha recordado que Cano quedó apeado de las listas electorales en las municipales de 2003 "a raíz de unas grabaciones sobre unos presuntos sobornos" y ha incidido en que su objetivo era volver al ayuntamiento. En esta línea, Guerri se ha referido igualmente a la supuesta motivación del empresario Salvador García para participar en la trama, sobre quien ha sostenido que "decía que (Ponsoda) quería cerrarle un negocio que tenía, en el que había invertido y que perdía mucho dinero".
Así, Guerri ha señalado que su posición será similar a la defendida por la fiscalía, sobre la base de los testimonios recabados en sede judicial durante la instrucción de la causa. En relación a las negaciones sobre el relato de los hechos mantenida por los acusados, el letrado de la acusación ha insistido en que "existen muchas contradicciones entre todos ellos", hasta el punto de que "entre ellos mismos se acusan". Por último, ha manifestado que la familia de Ponsoda "se encuentra bien", "tranquila" y "con ganas de que esto acabe".
El juicio se dirige contra siete acusados: el referido Juan Cano, Salvador García, el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, y los tres presuntos sicarios contratados para disparar a Ponsoda (Raul Montero, Radim Rakosky y Robert Franek). La Fiscalía pide para todos ellos penas de 25 años de prisión por un delito de asesinato. Para los tres sicarios solicita dos años adicionales por tenencia ilícita de armas.
Ya en el arranque del juicio, se ha abordado el trámite de las cuestiones previas. Las defensas han planteado una extensa batería de peticiones y quejas respecto a los elementos incorporados o excluidos en la causa. Entre otros puntos, han solicitado que se excluyan los recortes de prensa que figuran en el expediente con el argumento de que podían influir en la posición del jurado y que, además, se duda de su verosimilitud. Además, han expresado su protesta a la exclusión del testimonio de una trabajadora del club de alterne Mesalina, también considerada testigo protegido durante la primera fase de la instrucción de la causa.
Igualmente, han alegado frente a la incorporación de los antecedentes penales de los acusados y han solicitado que se incluya la nueva situación legal de residencia en España de la que dispondrían los testigos protegidos en los que, en parte, se sustenta gran parte de la investigación.
En esta línea, también han expresado su queja por falta de disponibilidad de los CDs con las audiciones recabadas en el sumario. El letrado defensor de Juan Cano, Javier Boix, también ha planteado que se llamase a declarar a quien fuese secretario municipal del Ayuntamiento de Polop. Por último, los letrados de la defensa también han recriminado que no se haya incorporado los atestados de la Guardia Civil con el argumento de que los agentes iban a comparecer en el juicio para poder explicarlos, "algo que parece poco probable que puedan hacer por falta de memoria, diez años después".
La magistrada que preside el tribunal, Cristina Costa, ha aceptado excluir los recortes de prensa incorporados tras ser hallados en el registro del domicilio de Cano. También ha incidido, respecto a la admisión o exclusión de pruebas y de testigos, ha señalado que el auto de hechos justiciables "no es recurrible, de modo que ustedes pueden expresar su protesta, pero no recurrir". Igualmente, se ha referido a las reticencias respecto a la selección de los miembros del jurado para recordar que las defensas pudieron entrevistar durante cerca de seis horas a los candidatos durante la jornada del lunes y que también pudieron recusar a los aspirantes que consideraron, por lo que ha entendido que no se habría producido ninguna vulneración del procedimiento.
Sobre las audiciones, la magistrada ha insistido en que durante la vista podrían escucharse grabaciones no transcritas que se pudiesen solicitar durante el juicio y ha apuntado que solo se tenía las transcripciones facilitadas por el juzgado de Villajoyosa en el que se instruyeron las diligencias. Así, ha apuntado que se reclamaría al juzgado las grabaciones de las que las defensas han asegurado disponer.
