CASTELLÓ. Los dirigentes de Ascer lo tienen muy claro: los derechos de emisión se han convertido en un "elemento especulador". De hecho, así se lo han transmitido a la Comisión Europea, de forma conjunta con el sector italiano y con la ayuda de la eurodiputada valenciana y presidenta del Foro de la Industria Cerámica del Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
En su escrito a Bruselas, Ascer señala que, desde enero de 2018, cuando los derechos de emisión se clasificaron como instrumentos financieros, el mercado se ha convertido en un "sistema especulativo". Esto se debe a que con el cambio normativo se permitió la entrada de "fondos, bancos, brokers, estados,..." concreta el secretario general de la patronal azulejera española, Alberto Echavarria.
Y esto lo están aprovechando los competidores de la industria española. Así lo destaca, por ejemplo, el CFO de Azuliber, Rafael Pérez, quien en el último desayuno informativo organizado por Castellón Plaza en colaboración con ITI recalcó que, directamente, hay países rivales "que compran derechos de emisión para encarecernos los costes".
Esto ha tenido un efecto inmediato y evidente: hasta 2017 el precio de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) se situaba entre los 5 y los 8 euros; el pasado mes de diciembre estaba en 30 y ahora se sitúa "en 53", apunta el secretario general de Ascer. Y eso no es lo peor, según las previsiones, a final de año podría llegar a 120 euros la tonelada, coinciden varios expertos y se comentó en el desayuno informativo. Con ello, tras la asignación gratuita que Europa realiza, cuando haya que hacer el cálculo para el pago por el exceso de emisiones de este año el coste puede ser inasumible para muchas empresas.
Especialmente gravoso es el asunto para las atomizadoras, la actividad que en el sector cerámico más emisiones conlleva y que se ve gravada en mayor medida por esta escalada. "Los derechos de emisión nos va a arruinar, seamos conscientes del problema", señala el director de finanzas de Azuliber, grupo dedicado precisamente a tratar la materia prima. De momento, este coste "no se lo están repercutiendo a las azulejeras", apunta Echavarria, pero en el momento en que lo hagan la carga puede ser desmesurada para los fabricantes de baldosas.
Bruselas ha generado así un monstruo difícil de controlar. Por un lado fábricas y otras actividades emisoras están obligadas a comprar derechos si superan sus umbrales asignados, cada vez más difíciles de cumplir y una tarea que se convertirá casi en misión imposible en 2030 con la obligada reducción de emisiones del 55% impuesta por la Comisión Europea. Por otro lado, toda aquella empresa o persona jurídica que se registre puede comerciar con los derechos, sin necesidad de utilizarlos.
Para corregir este desequilibrio, en su escrito a la Comisión Ascer pide que el mercado de derechos de CO2 "se limite a aquellas instalaciones emisoras, con lo que el sistema sería más justo y atendería realmente a criterios de producción y no especulativos".
En contra de los fabricantes castellonenses puede jugar el hecho de que los derechos de emisión, que están regulados por el Banco Central Europeo, son, en la práctica, un medio para que la UE y los propios Estados miembro se financien, con lo que les convienen precios cada vez más altos. Por eso, en esta lucha la patronal azulejera, además de ir de la mano de su homóloga italiana, destaca la necesidad de contar "con el apoyo del Ministerio de Industria y el Gobierno español". En un principio este jueves la patronal azulejera tenía la primera oportunidad para trasladar esta urgencia. Los dirigentes de Ascer debían reunirse de forma telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los responsables de la oficina de cambio climático, pero la reunión quedó a última hora pospuesta hasta nuevo aviso.
