BRUSELAS. Lo han vuelto a hacer. Esta vez ha sido la empresa irlandesa Ryanair la que ha denunciado ante la Unión Europea la subvención concedida por la Generalitat Valenciana a Air Nostrum para renovar su flota de aviones. La queja ante Bruselas llegó hace un año después que el Consell aprobara una ayuda de 3 millones de euros a la compañía aérea valenciana y en abril se volvió a conceder por otros 6 millones para los ejercicios 2019-2020.
La Comisión Europea acaba de abrir la investigación de forma cautelar para vigilar que se cumplen las condiciones para que esta ayuda pública, que se retrasó varios meses precisamente por su complicado encaje legal, no vaya contra el derecho de la competencia. Es decir, que Air Nostrum pretende renovar la flota para cumplir con las condiciones de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, y, de otro lado, que esta compra se va a producir efectivamente.
La Generalitat Valenciana de Ximo Puig ya sabe lo que es batallar contra Bruselas desde que tuvo que defender la propiedad de la Ciutat de la Llum, amenazada con ser vendida en pública subasta, tras perderse el juicio ante el Tribunal de Luxemburgo cuando el PP estaba en el Gobierno. En aquella ocasión, fueron unos estudios de cine ingleses los que acudieron a la comisaria de la competencia para protestar por la construcción de los estudios en Alicante con dinero público. La Unión Europea vigila que las ayudas estatales cumplan la normativa y no distorsionen el mercado favoreciendo a unas empresas en detrimento de otras.
En este caso, la Comisión Europea ha abierto una investigación exhaustiva para determinar si el plan de la Comunitat, consistente en conceder ayudas públicas por un total de 9 millones de euros a la compañía aérea regional Air Nostrum para la renovación de su flota, es conforme con la normativa en materia de ayudas estatales de la Unión Europea (UE).
Fue Ryanair la que presentó una denuncia ante la Comisión hace un año por la ayuda que la Generalitat le concedió a Air Nostrum, competidora directa en aeropuertos como el de València.
En el marco de sus proyectos para estimular el desarrollo económico de la región, el Gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana aprobó en 2018 la concesión a Air Nostrum de una subvención por un importe máximo de 3 millones de euros. Y en el pleno del Consell de finales de abril, acordó otra subvención por tres millones de euros que se completará con otros tres para el período 2019-20. El objetivo de estas medidas es apoyar la renovación de la flota de la compañía aérea mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente.
España sostiene que la medida entra en el ámbito de aplicación de las normas en materia de protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC), por lo que no es necesario notificarla para su evaluación por la Comisión Europea en virtud de las normas en materia de ayudas estatales.
El RGEC y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permiten a los Estados miembros apoyar medidas que tengan una incidencia positiva en el medio ambiente, porque reducen el consumo de combustible, el ruido o los gases de efecto invernadero. Sin embargo, para ser conformes con las normas de la UE en materia de ayudas estatales, es preciso que estas medidas respeten determinadas condiciones de forma que se asegure que tienen el efecto positivo deseado en el medio ambiente.
Se trata de que el apoyo incentive la inversión privada en la opción más respetuosa con el medio ambiente, permita al beneficiario incrementar el nivel de protección medioambiental derivado de sus actividades, se limite al mínimo necesario y no falsee indebidamente la competencia en el mercado único. En este momento, la Comisión alberga dudas de que la ayuda total por valor de nueve millones de euros prevista para Air Nostrum entre dentro del ámbito de aplicación del RGEC y cumpla con las Directrices descritas.
"LA COMISIÓN DUDA DE QUE LA AYUDA TENGA UN "EFECTO INCENTIVADOR"
En concreto, la Comisión duda de que la ayuda tenga un "efecto incentivador". A este respecto, la Comisión investigará si la decisión adoptada por Air Nostrum en 2017 de adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes en términos de consumo de combustible fue consecuencia directa de la ayuda, en consonancia con los requisitos establecidos en el RGEC y en las Directrices, o si la inversión en la opción más respetuosa con el medio ambiente se habría realizado en cualquier caso, incluso sin la ayuda pública. Cabe recordar que Air Nostrum ya había renovado su flota con dieciocho aeronaves Bombardier CRJ-1000 antes de 2017 sin ayuda alguna.
Por otra parte, el Reglamento solo se aplica a las medidas en apoyo de las inversiones realizadas por la compañía aérea beneficiaria. En virtud del RGEC, para que un arrendamiento financiero pueda considerarse una inversión, el contrato de arrendamiento financiero tiene que establecer la obligación, y no sólo la posibilidad, de comprar la aeronave. Hoy por hoy, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum cumpla esta condición.
"La Comisión va a seguir investigando para determinar si se confirman o no estas reservas iniciales a través del procedimiento habitual", según informa la Dirección General de la Competencia. La apertura de una investigación exhaustiva brinda a todas las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida y no prejuzga en modo alguno el resultado de la investigación.
"Invertir en la renovación de una flota mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente es, en principio, una buena iniciativa, que la Comisión respalda", explican fuentes de la Comisión Europea. Las decisiones de las compañías aéreas de invertir en una flota más respetuosa con el medio ambiente pueden obedecer no sólo a la obtención de ayudas estatales, sino a otros factores, como el hecho de que las aeronaves eficientes en términos de consumo de combustible también reducen los costes de explotación de las compañías aéreas o la decisión independiente de renovar la flota y sustituir los aviones más viejos por otros más modernos y respetuosos con el medio ambiente.
Conceder una ayuda a una gran empresa que habría invertido de todas maneras en aeronaves más nuevas y ecológicas solo serviría para reducir sus gastos de explotación ordinarios mientras sus competidores locales tendrían que soportarlos sin ayuda. Esto provoca distorsiones de la competencia a expensas de los contribuyentes y es lo que la Comisión pretende dilucidar.
Ene este sentido, deben cumplirse determinadas condiciones, como que la ayuda debe permitir al beneficiario aumentar el nivel de protección ambiental derivado de sus actividades. También debe tener un "efecto incentivador" real, es decir, debe incitar efectivamente al beneficiario a invertir en una opción más respetuosa con el medio ambiente. Además, la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para que la empresa decida invertir en soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Y. por último, esta ayuda no debe tener efectos negativos indebidos sobre la competencia en el mercado.