Bruselas rechaza el informe del Consell sobre la ejecución del Fondo Social Europeo

ALICANTE. Las dificultades para poder gastar a buen ritmo las cantidades asignadas en el programa del Fondo Social Europeo para la Comunitat Valenciana (354 millones de euros, la mitad aportados por Bruselas y la otra por la Generalitat) no son el único problema que se ha encontrado el Consell para gestionar este programa operativo. Según se reconoce en el propio informe anual de evaluación elaborado por el Gobierno valenciano y sometido a aprobación en la reunión del Comité de Evaluación el pasado 24 de abril, hay una diferencia notable entre los beneficiarios de ciertas líneas de ayudas reales y los contemplados en el documento. La razón, al parecer, es que los gestores de estas líneas no han sido capaces de incorporar la información por problemas con el software.

Hasta tal punto faltan datos en el informe que se estudió en la citada reunión, que los representantes de la Comisión Europea en el Comité de Evaluación valenciano rechazaron aprobarlo, como sí habían hecho con el documento relativo a 2016 (según consta en el acta de la reunión del año pasado, aprobada en este último encuentro). Según han confirmado a Valencia Plaza fuentes conocedoras del contenido del Comité, los tres representantes europeos trasladaron a la Generalitat que el contenido del informe presentado era "inaceptable", por lo que su aprobación se quedó sobre la mesa. Todo apunta a que el Consell tendrá que reformular el informe una vez solventados los citados problemas técnicos.

Los problemas técnicos aducidos, con todo, no maquillan el bajo grado de ejecución del programa, del que solo se ha gastado el 10,2% del total al alcanzar el ecuador temporal, tal como desveló el martes este diario. De los tres ejes prioriarios, se han ejecutado en tres años un total de 36 millones de euros, sobre los 354 disponibles entre 2014 y 2020. En el eje 1 (sostenibilidad y calidad del empleo) se han ejecutado 4,85 millones de euros, el 4,7% de los 103 consignados. En el eje 2 (inclusión social) se han ejecutado 4,47 millones, el 4,4% de los casi 102 millones disponibles. Y en el eje 3 (educación y formación permanente), que es el que mejor ha funcionado, se ha ejecutado el 18,2%: 24,7 millones de euros sobre los 135,5 millones totales.

El propio informe presentado por la Generalitat y rechazado por Bruselas admite los problemas para sacar adelante el programa operativo en muchos departamentos del Ejecutivo valenciano (del cual participan desde el Servef y el IVF hasta la Agencia Valenciana de Turismo). Así, señala que "es preciso adecuar las previsiones a las capacidades propias de los gestores", y avanza que "se está trabajando en una reprogramación que permitirá aumentar la eficacia y el rendimiento" del programa, al disminuir la dotación financiera de "actuaciones sobredimensionadas" y aumentar la de "aquellas que funcionan correctamente".

Como publicó este diario el martes, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, que preside el Comité de Evaluación, señala que el principal problema que se está encontrando la Generalitat para gastar el dinero del que dispone para fomentar el empleo y la formación es la aparente falta de interés de las empresas por acudir a las convocatorias públicas. De ahí que, por ejemplo, el Servef paliase esa no concurrencia de actores privados a sus líneas de ayudas para contratos jóvenes con su iniciativa Avalem Joves destinada a ayuntamientos. Según los datos facilitados por el secretario autonómico, Enric Nomdedéu, el programa ha permitido firmar 4.000 contratos temporales en consistorios de la Comunitat. Otra iniciativa puesta en marcha para dar salida a los fondos ha sido la creación de dos líneas en el IVF por valor de 135 millones para financiar a parados y pymes con proyectos emprendedores.

De hecho, hace apenas un mes, a mediados de marzo (poco antes de la reunión del Comité de Evaluación) el propio Nomdedéu reconocía en les Corts Valencianes que el Servef había adjudicado un contrato de orientadores laborales a la empresa Ingeus SL para no perder los fondos europeos destinados a tal fin. En este caso, según las explicaciones ofrecidas por el responsable de Empleo en la comisión de Política Social y Empleo a petición de Podemos, Ciudadanos y PP, se trataba de fondos pendientes del anterior programa, que estaba en vigor cuando se produjo el cambio de gobierno en 2015. Como explicó Mira a Valencia Plaza, en este programa del Fondo Social Europeo se sigue la regla N+3, que permite seguir gastando los fondos hasta tres años después de vencido el periodo temporal concreto. En el actual, por tanto, sería hasta 2023.