Hoy es 14 de agosto
ALICANTE (EFE). Una juez ha citado a declarar como investigados a los expresidentes de la desaparecida patronal de la provincia de Alicante (Coepa) Joaquín Rocamora y Modesto Crespo y al que fuera secretario general Javier López Mora por un presunto fraude en subvenciones del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Según se recoge en la resolución, fechada este lunes y a la que ha tenido acceso Efe, los interrogatorios se desarrollarán entre las 9.30 y las 10.30 horas del próximo 6 de julio.
Uno de los investigados, Modesto Crespo, está siendo juzgado actualmente por la Audiencia de Alicante por el supuesto cobro indebido de 600.000 euros en dietas como presidente de la también extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En esa causa, Crespo, que se sienta en el banquillo de los acusados junto a otros 20 antiguos altos cargos de la entidad financiera, se ha declarado culpable de un delito de apropiación indebida agravada y ha aceptado 9 meses de cárcel y una multa de 9.000 euros.
El juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha citado también el 6 de julio, para que comparezcan como testigos, al exdirector general del Servef Joaquín Vaño y al exsecretario autonómico de Empleo de la Generalitat Luis Lobón. Los interrogatorios han sido acordados por la titular del juzgado, María Luisa Carrascosa, a petición de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en este procedimiento.
La investigación se centra en un supuesto fraude de 1,9 millones de euros en la construcción del Centro de Oficios y Formación de Coepa, que la patronal alicantina acometió con subvenciones concedidas por el Servef entre 2005 y 2010. Esa instalación, ubicada en la calle Metalurgias de Alicante costó, según datos de sus propietarios, unos 6,8 millones en total.
La Generalitat presentó una querella por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental, estafa y apropiación indebida en septiembre de 2016. Según la Administración autonómica, Coepa habría incurrido en una duplicidad de ayudas públicas al recibir, entre 2002 y 2009, dinero para las obras y equipamiento del nuevo centro del la empresa pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral.
El Servef también acusa a la extinta patronal alicantina de presentar facturas por duplicado por un importe de 4,7 millones a fin de acceder a un préstamo de 3 millones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La anterior instructora de esta causa la archivó, con el visto bueno de la Fiscalía, al considerar que los delitos habían prescrito en 2015, pero la Generalitat recurrió ese auto y la Audiencia Provincial de Alicante ordenó reabrir la investigación.
Tras la decisión del tribunal, la nueva titular del juzgado de Instrucción 9 ha centrado las pesquisas únicamente en los 1,9 millones de euros concedidos por el Servef a Copea, ante una posible duplicidad de facturas. La magistrada Carrascosa ha urgido ahora al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que le aporte la documentación que ya le había pedido en abril de este año, en concreto el contrato del préstamo concedido a la confederación empresarial y las facturas que esta presentó a dicha entidad.