El expresidente de Coepa Moisés Jiménez y el actual presidente, Francisco GómezALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, avisó a la autonómica Cierval de que no podía pagar las cuotas por su pertenencia a la organización en enero de 2015, después de que, según fuentes de la entidad alicantina, el presidente de Cierval, José Vicente González, decidiese mantener el importe pese a la drástica caída de ingresos de las organizaciones provinciales. A juicio de los empresarios alicantinos, el mantener las cuotas pese a saber que no se podían afrontar buscaba generar una deuda "artificial" que terminase por expulsar a Coepa de la Ley de Participación Institucional.
Fuentes del empresariado alicantino consultadas por Valencia Plaza aseguran que, en enero de 2015, el entonces presidente de Coepa, Moisés Jiménez, ya avisó a su homólogo autonómico de que la patronal alicantina no podía asumir el pago de las cuotas que se habían impuesto, dado que su importe coincidía con los ingresos que la patronal alicantina obtenía de sus propios asociados. Es decir, la recaudación de Coepa al margen de subvenciones y ayudas, unos 200.000 euros, debía destinarse íntegramente a pagar su pertenencia a Cierval.
En abril de 2015, la patronal alicantina remitió a González un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, en el que avisaba de que era imposible pagar las cuotas de Cierval, y proponía ajustarlas hasta los 310 euros por vocal y año, de forma que por sus 97 vocales la patronal alicantina aportaría 30.000 euros anuales, sin necesidad de modificar los estatutos. En dicho escrito, firmado por Jiménez como presidente, Coepa aseguraba que este podía ser el primer paso para regularizar su situación económica. No obstante, González rechazó ajustar las cuotas de Cierval a la caída de ingresos, y no se movió de la rebaja inicial del 25% en el importe, que imposibilitaba su pago a los alicantinos.
Todo ello en un contexto en que la patronal había tenido que vender su antigua sede (ahora alquilada a la Cámara de Comercio) a un inversor ruso por 2,4 millones de euros para cancelar su deuda comercial, mientras realizaba un ERE en una plantilla que antes de la crisis tenía más de 80 empleados. En esta situación, y tras perder a varias asociaciones sectoriales que se fugaron a la expulsada Cepyme (algunas de las cuales ahora negocian su reingreso, como Facpyme), Coepa ingresaba algo más de 200.000 euros anuales por sus cuotas, por lo que no podía asumir el pago por su pertenencia a Cierval: la deuda por estos impagos superó los 500.000 euros, y Cierval tuvo que asumir una quita del 95% en el concurso de acreedores de la patronal alicantina para no forzar su liquidación.
Dado que González sabía desde enero de 2015, por boca del presidente de Coepa, que la patronal alicantina no podía pagar las cuotas si no se ajustaba su importe, las mismas fuentes consideran que la intención del presidente de la patronal autonómica era generar una deuda que, llegado el momento, justificase la expulsión de Coepa de la gestión de las ayudas de la Ley de Participación Institucional. Es decir, que las ayudas que debían llegar a la patronal alicantina se quedasen en la autonómica para cancelar los impagos. Estas mismas fuentes destacan como sintomático que, justo antes de recibir la carta, Cierval rebajase las cuotas un 25%.
La salvación de la patronal alicantina no ha apaciguado el escenario de las patronales, ni en la provincia (donde algunas sectoriales como Fempa y organizaciones como Cepyme siguen siendo críticas con la gestión de Coepa) ni en el plano autonómico. Esta misma semana la patronal provincial de Valencia, CEV, ha exigido que Coepa se haga cargo de sus "pufos" para rescatar a la marca autonómica, tal como ha publicado este diario. Y la respuesta en Coepa no se ha hecho esperar: en un comunicado, la patronal ha criticado que las cuotas aplicadas hasta ahora "en modo alguno se ajustaban a la nueva realidad económica y presupuestaria de las organizaciones empresariales".
Por este motivo, la patronal alicantina ha pedido "un cambio de modelo patronal con estructuras sostenibles y autofinanciado únicamente por las cuotas y recursos que aportan sus propios asociados", tal como hiciera ya su presidente, Francisco Gómez, justo antes de que Cierval pidiese el preconcurso de acreedores. "Este es un modelo que Cierval ya ha explicitado y viene cumpliendo en el desarrollo de su plan de viabilidad", añade Coepa, que reitera que nunca ha incumplido ninguno de los acuerdos alcanzados con la CEV o la CEC para la "necesaria" reforma de los estatutos de Cierval.
En cuanto a los expedientes de reintegro de subvenciones iniciados por la Administración, que es otra de las condiciones que la CEV impone a las otras dos patronales provinciales para implicarse en el rescate de la autonómica, Coepa replica que "han afectado tanto a Cierval como a todas las patronales provinciales, incluida la CEV". Al respecto, defiende que ya ha atendido "alguno de los importes" de estos reintegros por compensación.
Además, recuerda que se ha interpuesto contra estos expedientes recursos contenciosos administrativos pendientes de resolución. Coepa ha requerido a Cierval parte de los reintegros "por considerar formalmente que no son compensables". "En todo caso, las causas del reintegro, PRL 2008-2009-2010 no son imputables a Coepa sino a la propia Cierval", prosigue la organización. Coepa argumenta también que Cierval reconoció formalmente que, en relación con el PRL 2013, la confederación alicantina "debe únicamente reintegrar 3.416 euros", al tiempo que añade que las causas de inadmisión del recurso que se interpuso contra este expediente de reintegro "son imputables a la propia Cierval".
