Coepa se compromete a ponerse al día en seis meses si los acreedores aceptan la quita

ALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, se compromete a ponerse al día con los acreedores ordinarios en un plazo de seis meses, si en la reunión convocada para el 11 de noviembre se acepta su propuesta de aplicar a su deuda una quita del 95%. Así lo asegura la confederación empresarial en su propuesta de convenio de acreedores, presentada ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, y admitida a trámite por el juez en un auto firmado el 3 de octubre.

De esta forma, Coepa propone para los acreedores ordinarios (entre los que se cuenta la patronal autonómica, Cierval, a la que adeuda 500.000 euros por el atraso en el pago de cuotas) una quita del 95% y el pago del 5% restante en el plazo de seis meses desde que la sentencia aprobatoria del convenio sea firme. Cierval, con toda probabilidad, abordará esta propuesta en el comité ejecutivo del próximo martes, en el que estará presente el presidente de la patronal alicantina, Francisco Gómez.

Tal como adelantó este diario, el presidente de Coepa tiene previsto reunirse con el presidente de la gestora de la castellonense CEC, Néstor Pascual, para fijar una postura común de rechazo al cambio de estatutos en Cierval que propone su presidente, José Vicente González. Esta modificación estatutaria permitiría a las federaciones sectoriales afiliarse directamente a la patronal autonómica sin pasar por las organizaciones provinciales, algo que tanto la CEC como Coepa rechazan.

Según ha podido saber Alicante Plaza, dicho encuentro se celebrará justo antes del comité ejecutivo de Cierval. Fuentes conocedoras de los contactos dan por descontado que la patronal alicantina incluirá la quita entre los asuntos que se abordarán en el comité, donde el punto del día y principal motivo de fricción es la reforma estaturaria que propone González. CEC y Coepa se oponen a perder representatividad en la patronal autonómica (lo que sucedería si las federaciones pueden estar en Cierval sin pasar por sus patronales provinciales), y su mayoría en la asamblea les permitiría tumbarla. De esta forma, se podría entrar en una negociación de "quita por estatutos".

Cierval es el principal acreedor ordinario de Coepa, con el 75% de la deuda no privilegiada. De esta forma, la aceptación o no de la propuesta de quita y del calendario de pagos es fundamental para garantizar la superación del concurso de acreedores. La patronal alicantina ya ha remitido a la autonómica la propuesta del convenio de acreedores una vez admitida a trámite por el juez, aunque en esencia, Cierval conocía los términos de esta propuesta desde hace semanas.

Rechazo del IVF

La segunda gran pata del convenio es la propuesta de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), como acreedor con privilegio, ejecute la garantía hipotecaria sobre el centro de oficios levantado por la patronal con un crédito del organismo público. El Consell se opone a aceptar dicha propuesta, avalada por el administrador concursal, en un recurso de reposición contra la tramitación del convenio presentado por la Abogacía de la Generalitat el 11 de octubre.

El crédito pendiente de devolución, según admite el IVF en su recurso, es de 3.232.792 euros, mientras que el centro de oficios está tasado en 4.432.244 euros, según el plan de viabilidad respaldado por el administrador concursal y validado por el juez, al darle trámite.

La Abogacía de la Generalitat considera que la propuesta de ejecución hipotecaria vulnera el artículo 100.3 de la ley concursal, dado que quedarse con los bienes de la empresa en concurso para cubrir las deudas "se acerca más al resultado de los concursos que acaban en liquidación, que al de los concursos aprobados por empresas viables". Dado que no es el caso (el convenio de Coepa no busca liquidar la patronal, sino precisamente salvarla), el IVF rechaza la ejecución hipotecaria.

El segundo argumento de la Abogacía de la Generalitat es que el plan de viabilidad no aporta ninguna oferta de un posible comprador del centro de oficios que permita validar su tasación, por lo que no tiene garantías de que con su posterior venta se pueda cobrar la deuda. Eso sin contar que el solar donde se levantó el centro sigue siendo de titularidad municipal, por lo que el Ayuntamiento tendría algo que decir en la operación. En la entrevista publicada por Alicante Plaza el 10 de octubre, el alcalde, Gabriel Echávarri, amenazaba con instar la resolución del contrato por incumplimiento de Coepa, dado que el centro de oficios está cerrado desde hace años.

Si el IVF se mantiene en la postura de rechazo, podría abocar al fracaso el plan de viabilidad de la patronal alicantina, que parece que sí podría ser aceptado por el Fogasa (en este caso, la deuda se pagaría en ocho años) y, si las presiones surten efecto, a Cierval.