TEULADA-MORAIRA. Compromís ha presentado en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira el recurso de reposición que servirá a la coalición para reclamar la nulidad de la moción de censura con tránsfugas -presentada por el Partido Popular contra el gobierno de Rosa Vila- ante el plenario municipal y posteriormente ante el juzgado. Hay que recordar que el PP y los dos ediles expulsados por el PSPV, Héctor Morales y Alejandro Llobell, que sumaban nueve regidores, desalojaron a Vila.
En el recurso señalan que el plenario en que se aprobó la moción de censura vulnera claramente el artículo 48 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, dado que el debate de la moción de censura discurrió como si los regidores tránsfugas -Héctor Morales y Alejandro Llobell- fueron en realidad militantes del Partido Socialista cuando ya estaban expulsados de su partido. Pese a esta apreciación, hay que recordar que la secretaria de la corporación no precedió a calificar a a los dos expulsados como no adscritos, algo que ya generó las protestas tanto de la dirección del PSPV como de Compromís.
“Es un recurso contra una moción de censura que entendemos es un acto de corrupción política porque el que hace se pervertir la voluntad del pueblo de Teulada y el que hace se llevarse a cabo a cambio de unos beneficios políticos y económicos claros de unos tránsfugas del partido socialista. No es un hecho aislado, el PP lleva en los últimos seis meses tres mociones de censura con tránsfugas en la provincia de Alicante, unos hechos que nos recuerdan al peor PP de épocas atrás, el PP del zaplanismo”, ha considerado Gerard Fullana, portavoz en la Diputación de Alicante y diputado por la Marina Alta.
“Mientras nosotros estábamos ofreciendo la mano para pactar unos presupuestos en plena pandemia a la Diputación”, ha continuado Fullana, “Mazón preparaba tres mociones con tránsfugas y negociaba la disolución de Ciudadanos ”.
Mejora económica y política de los tránsfugas
A este recurso se sumará la próxima semana otro que tiene como objeto impugnar el nombramiento de los tránsfugas como miembros de la junta de gobierno, acción que incluye remuneraciones por asistencia a dicho organismo y que supone una mejora en los derechos políticos y económicos de los tránsfugas que es contraria a ley.