Detenido un matrimonio de Castellón tras liberar a 61 personas sometidas a explotación laboral

MADRID (EP). Un matrimonio de origen rumano afincado en la provincia de Castellón ha sido detenido por explotar laboralmente a temporeros del sector de los cítricos, procedentes en su mayoría de Rumanía y Bulgaria, a los que se les engañaba respecto a la jornada laboral, las condiciones de trabajo, salarios y alojamiento.

Los dos personas, con antecedentes policiales por hechos similares, han sido detenidas junto a otras cinco, todas ellas de nacionalidad rumana, a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de los detenidos, además, han ingresado en prisión.

La operación dirigida por la Guardia Civil y denominada Bravos, ha podido constatar que las víctimas eran captadas en sus países de origen mediante engaño y abuso ante situaciones de total vulnerabilidad. Además, se les obligaba a trabajar en unas condiciones, calificadas por los agentes de "esclavitud laboral", totalmente ilegales conforme al marco jurídico español. Las actividades laborables se desarrollaban en las provincias de Valencia, Castellón y Lleida.

En la última fase de esta operación, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a cargo de la investigación han conseguido liberar a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado manifestación a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen siendo sus declaraciones fundamentales para corroborar los hechos investigados.

Situación de vulnerabilidad

Las víctimas eran captadas en sus países de origen, Rumanía y Bulgaria concretamente, aprovechando siempre alguna situación de vulnerabilidad tanto económica como personal. Así, se les ofrecía un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico por los trabajos realizados, además de una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato.

Al llegar a España tras pagarse ellos mismo el viaje a nuestro país, eran recibidos por el citado matrimonio, que les informaba de la necesidad de tener que solicitar una serie de documentos, como el NIE, que nunca se entregaba a las víctimas, para poder trabajar legalmente en España. Por dicha gestión, le cobraban a los trabajadores una cantidad de 20 euros.

A su vez, los líderes de la organización, con la finalidad de tenerlos controlados en todo momento, les informaban de que no podían salir bajo ningún concepto de las casas donde se alojaban, salvo para ir a trabajar, y que para esto tendrían que ir siempre acompañados por personas pertenecientes a la organización delictiva investigada, aleccionándoles éstos mismos sobre lo que tendrían que decir ante posibles inspecciones.

Por otra parte, eran informados de otra serie de circunstancias que no figuraban en las condiciones iniciales, como que se les iba a exigir desde ese instante el pago de 3 euros diarios en concepto de traslado al lugar de trabajo o el de otros 75 euros mensuales para el alquiler de vivienda.

25 personas en tres habitaciones

Las víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento. Los investigadores descubrieron en una de las casas de la organización que hasta 25 personas compartían tres habitaciones y una cocina común.

Respecto a la jornada laboral, las condiciones ofertadas en origen cambiaban al llegar a España. El trabajo diario de los temporeros comenzaba a las 7.30 y se prolongaba hasta las 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer, contemplándose como único descanso laboral el de los días que las inclemencias meteorológicas no permitiesen la recolección.

Otra de las irregularidades descubiertas estaba en el método de pago. A las víctimas se les obligaba a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Para este trámite, el matrimonio les acompañaba y hacían de interlocutores y traductores con el banco, y se apropiaban de la libreta física en el momento de la apertura de cuenta.

De este modo, el matrimonio retiraba el dinero ingresado por las Empresas de Trabajo Temporal de las cuentas corrientes de los trabajadores, en concepto de nóminas, para blanquearlo. En cambio, a las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias y llegaban a utilizar la violencia sobre ellos en el caso de que protestaran por estas cuestiones.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de instrucción número 2 de Nules junto a la Fiscalía. La han llevado a cabo agentes de la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) y de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, entre otros.