Dos altos cargos de la exministra Corredor declaran el martes por el caso de financiación del PSPV

ALICANTE, (EFE). Dos altos cargos de la exministra socialista Beatriz Corredor declaran este martes como investigados ante una juez de Madrid acerca de las "irregularidades" en la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.

Se trata del antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y del que fuera jefe de Gabinete de la exministra, Nicolás Mateos, que deberán responder sobre la adjudicación de este contrato en 2009 ante la juez de instrucción número 24 de Madrid. Vaquer fue quien firmó dicho contrato y el certificado de conformidad con la factura y Mateos redactó o firmó el pliego de prescripciones técnicas para la campaña de publicidad y la declaración de urgencia del procedimiento.

Un total de cuatro investigados comparecen el martes ante la magistrada Mercedes Pérez. Aparte de Vaquer y Mateos, también está citada Eva Cuesta, la que fuera responsable de Comunicación del gabinete de Corredor. A los tres se les imputa un delito de prevaricación y/o malversación.

La declaración de los tres imputados estaba prevista para el pasado 21 de junio si bien la juez admitió su petición de que les defendiese la Abogacía del Estado en calidad de funcionarios públicos, por lo que la magistrada pospuso su comparecencia.

El quinto es Alberto Gomar, el presidente de la empresa Crespo Gomar, la adjudicataria de este y otro contrato ministerial investigado en otro procedimiento judicial que pudo servir para financiar la campaña electoral del PSOE valenciano en 2007.

También debe comparecer ante la juez, en este caso en calidad de perito, el interventor general del Estado que constató en un informe irregularidades en la "práctica totalidad" de expedientes de contratación analizados.

En esta causa se investiga "la existencia de irregularidades" en el proceso de licitación del mencionado contrato de publicidad, adjudicado por 126.208 euros a Crespo Gomar, que supuestamente trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general en 2008, y en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

La juez ya ha interrogado a algunos miembros de la Mesa de contratación que dio el visto bueno para la adjudicación del contrato, quienes, en su mayoría, han reconocido la existencia de irregularidades administrativas en el acta de contratación, si bien les han restado importancia y se han desvinculado de las mismas.

Otros, en concreto dos miembros de la Mesa que realizaron la valoración técnica del proyecto admitieron ante la magistrada que carecían de la experiencia necesaria en este ámbito.