El alcalde, Gabriel Echávarri, en un momento del pleno de presupuestos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Casi contra todo pronóstico, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, salvó este jueves en el salón de plenos un nuevo obstáculo en una carrera de fondo en la que, objetivamente, ya ha tenido que enfrentarse a unos cuantos. Y pocos fáciles. Con un equipo de Gobierno formado sólo por él y cinco concejales de su partido, y ya sin ningún aliado permanente (al margen del respaldo crítico que todavía le confiere puntualmente Compromís, socio del PSPV en el Consell), el primer edil consiguió aprobar un segundo presupuesto en situación de minoría en un debate al que hasta hace dos días llegaba sin ninguna garantía.
Guanyar (también objetivamente) le había puesto en la tesitura de tener que prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior: algo que no ha pasado en el ayuntamiento de la segunda ciudad de la Comunitat al menos en los últimos 23 años. La plataforma electoral que lidera EU había decidido defender sus enmiendas hasta el último minuto y sólo decidió dar un voto de confianza a las cuentas después de que la edil de Hacienda, Sofía Morales, se arremangase, bajase al cuerpo a cuerpo y prometiese el desarrollo de sus propuestas con un documento de compromisos de ejecución a futuro: el documento al que el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, se refirió como el timo de la estampita y que le dio pie a comparar el acuerdo entre PSOE-Guanyar-Compromís con el argumento de Los tramposos.
Engaño o no, Echávarri se quedó al margen de ese trabajo de negociación, especialmente intenso durante las tres últimas semanas y, este jueves, no fue necesario ni que tuviese que intervenir con un nuevo paquete de anuncios de relumbrón -como sí hizo en el debate de 2017, con una serie de propuestas que ha tenido escaso desarrollo- para recabar una apoyo mayoritario al presupuesto.
En resumen, segundo presupuesto aprobado pese a presidir un gobierno en minoría desde el cese de Nerea Belmonte en marzo de 2016 (entonces, en las filas de Guanyar), después de que trascendiese que había concedido contratos directos a empresas representadas por personas afines. Las cuentas de 2017 prosperaron con el respaldo tácito de los dos ediles no adscritos: Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte se abstuvieron. Y este año, sólo con el apoyo explícito de Sepulcre, que ya viene ejerciendo de facilitador para que la Diputación Provincial también tenga presupuesto nuevo año tras año desde el principio del mandato.
Lo cierto es que Echávarri llegaba a este trance (también objetivamente) en una posición más que incómoda, con dos investigaciones judiciales sobre sus espaldas: una por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio y otra por el presunto despido irregular de una trabajadora interina, familiar de Barcala, acordado justo después de que el PP denunciase en Fiscalía el supuesto troceo de encargos directos.
Todos los grupos políticos municipales recordaron esa circunstancia en el pleno de este jueves. La portavoz de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, le insistió en que todavía estaba a tiempo de presentar su dimisión. Incluso los que votaron a favor de la propuesta de planificación económica, Guanyar y Compromís, se refirieron una y otra vez a "los juicios del alcalde", así que -pese a lo que podía esperarse- no fue un factor que jugase en su contra. Es más, la coincidencia de Gürtel y Brugal en primera línea de la actualidad evitó que fuese el único blanco de las críticas.
La cuestión es que, pese a todo, el primer edil también ha logrado superar la embestida que supuso esas dos imputaciones. Cuatro meses después, continúa en el cargo. Resiste pleno tras pleno a la laceración política de los portavoces de la oposición y continúa al frente del Gobierno, ahora con menos agenda pública, todavía con el aval de la dirección autonómica del PSPV y con la intención de agotar el mandato. Así lo volvió a manifestar, una vez más este jueves, al reiterar que no pensaba dimitir.
Es más, al término del pleno se felicitó por la aprobación del presupuesto e insistió en que ahora lo que tocaba era seguir trabajando, quitando hierro a la presión de Guanyar. "Desde el principio apostamos por el diálogo y el consenso, confiando en un proyecto presupuestario que beneficia a todos los ciudadanos, para impulsar iniciativas de gran importancia en nuestra ciudad", señaló. "Ha sido un proceso complicado que refleja el gran trabajo que estamos desarrollando al frente del consistorio", añadió. Y hasta censuró al PP por "no" haber "traído ni una sola enmienda" a los presupuestos. "Cuando uno va a negociar con líneas rojas lo que no quiere realmente es negociar, quiere dar un no", remarcó. Y apostilló: "Cuando llegamos aquí había 140 millones de euros de deuda y los presupuestos del PP sabemos lo que son: la ruina de la ciudad. Además, los presentaban mal.
Sus presupuestos, año tras año, llevaron a esta ciudad al estado en el que estamos y nosotros, en tres años, estamos revertiendo lo que ellos hicieron mal en veinte años".
Sin entrar a evaluar su gestión, como mínimo su balance es el de la supervivencia política. Eso sí, todavía debe enfrentarse a la resolución de la Audiencia Provincial sobre su recurso frente al auto de procesamiento. No hay fechas concretas para ello, aunque se sopesa la posibilidad de que exista pronunciamiento antes del verano. Sólo entonces se conocerá si su partido reclama su renuncia, en el caso de que se le aboque irremediablemente a juicio.
