Salvador y Oltra, durante la rueda de prensa posterior al pleno del ConsellVALENCIA. El pleno del Consell ha validado este miércoles el anteproyecto de la futura Ley para la Función Social de la Vivienda, que permitirá establecer multas graves de entre 600 y 3.000 euros y muy graves de entre 3.000 y 30.000 a los bancos que no cedan sus viendas. La ley persigue poner a disposición de las personas afectadas por desahucios o impagos del alquiler los inmuebles vacíos en manos de propietarios que aglutinen más de 10 viviendas, en su mayoría entidades financieras o inmibiliarias.
El texto, según el Consell contará con las máximas garantías para no chocar con el derecho a la propiedad propiedad privada. En concreto, no se aplicarán los mecanismos sancionadores hasta que no se tumbe la vigente Ley de Segunda Oportunidad, texto con el que chocó una iniciativa similar en Andalucía.
De esta forma, "evitamos que pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional", señaló al respecto la consellera de Vivienda, María José Salvador. La vigencia de esta legislación aprobada por el ejecutivo del Partido Popular concluye en mayo de 2017, si bien un posible nuevo Ejecutivo podría anularla antes de esa fecha.
El proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda quiere garantizar el acceso a la vivienda "como un derecho subjetivo". El texto se tramitará en Les Corts por vía de urgencia para que entre en funcionamiento lo antes posible.
