El inmueble de Ciudad de la Luz concebido como edificio de apoyo a la producción. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) se aferra al mandato del Consell y da un paso más para poner a trabajar otro de los activos a su cargo que hasta ahora han permanecido literalmente ociosos: el flamante edificio de oficinas construido en el complejo de Ciudad de la Luz como centro de apoyo a la producción.
Dicho inmueble costó 14 millones y sigue cerrado desde su finalización, hace cerca de siete años, sin que nunca haya llegado a tener un uso conocido. Entre otras circunstancias, porque nunca ha tenido licencia de apertura y actividad, según precisaron fuentes consultadas por Alicante Plaza. De hecho, la SPTCV trata de obtenerla ahora, tras registrar la pertinente solicitud ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
Fuentes del Consell precisaron a este diario que el objetivo es poder rentabilizar el desembolso público que se llevó a cabo para levantarlo bajo el mandato del PP en la Generalitat dándole una utilidad real. ¿De qué tipo? La primera, y puede que más inmediata, la de poder acoger a empresas innovadoras de base tecnológica que puedan captarse con la puesta en marcha del llamado Distrito Digital. La SPTCV ya impulsa la transformación de parte de la terminal marítima de cruceros del Puerto de Alicante con ese mismo fin y continúa en la búsqueda de otros emplazamientos similares capaces de hacer las veces de oficinas para el aterrizaje de nuevos proyectos. De lo que se trata ahora es de poder orientar los recursos propios en esa misma dirección.
Eso sí, esa posibilidad no es limitativa ni excluyente, por lo que el inmueble está abierto a todo tipo de posibilidades. Podría acoger la organización de seminarios, conferencias o cualquier otro tipo de evento, añadieron. En esta línea, se interpreta que el edificio en cuestión no estaría afectado por el expediente sancionador de la Unión Europea (UE) por la concesión de ayudas ilegales a la producción cinematográfica, en el que se impide el desarrollo de actividades económicas hasta el año 2027.
Por lo pronto, se apunta, el inmueble no figuró en ninguna de las convocatorias de subasta sobre las instalaciones del complejo que se convocaron con el propósito de recuperar los 265 millones en los que se cuantificaron esas ayudas ilegales. Ahora bien, como ha publicado este diario, todo parece apuntar que sería la propia UE quien deba dar su consentimiento para autorizar toda posible actividad con fines lucrativos.
Lo cierto es que las prestaciones del edificio ofrecen todo tipo de posibilidades. Dispone de cinco plantas de distribución irregular con 5.400 metros de superficie. En estos momentos, sin licencia de apertura, no pueden ni ponerse en funcionamiento los ascensores, según las mismas fuentes.
