El alcalde, Gabriel Echávarri, a su llegada a la Audiencia para declarar en Fiscalía, el pasado octubre. Foto: EFEALICANTE. Tanto el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto ahora por solo seis concejales del PSOE, como el entorno de Alcaldía acogieron este martes la resolución de la Fiscalía sobre el llamado caso despido con incertidumbre y satisfacción parcial por lo que respecta a la admisión del archivo de las diligencias para el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez.
Como ha contado Alicante Plaza, el Ministerio Público ha desestimado la solicitud de archivo presentada por el alcalde, Gabriel Echávarri, en un escrito en el que interesa la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (la antesala de juicio), al estimar que el primer edil pudo haber actuado de manera arbitraria al tomar una decisión que sólo afectaba a una trabajadora municipal en concreto, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, y que, además, esa decisión pudo adoptarse como represalia frente a la denuncia presentada por los populares por el presunto fraccionamiento de contratos del caso Comercio.
Portavoces de los socialistas mostraron sorpresa sobre las formas y sobre el alcance de la resolución del acusador público: "No podemos valorar la decisión porque ni siquiera tenemos el escrito" del fiscal a cargo del caso (el teniente fiscal, José Llor), señalaron. Esa situación, insistieron "provoca cierta incertidumbre. No obstante, señalaron que hasta cierto punto podía ser una resolución esperable: "Comprendemos que la labor del fiscal es acusar, el escrito es la respuesta a la petición de sobreseimiento del abogado y entra dentro de lo lógico que el fiscal se reafirme en su postura inicial", señalaron.
El entorno de Alcaldía muestra sorpresa por el día escogido para notificar la decisión de Fiscalía, tras activarse la negociación para el relevo de Echávarri
Con todo, también abundaron en que "el hecho de que decida no acusar a Carlos Giménez es una muy buena noticia, a nivel personal obviamente, y también en lo que a la situación del alcalde se refiere". En este sentido, las mismas fuentes recalcaron que "si el decreto que firmó el concejal era legal, se refuerza la tesis que siempre hemos mantenido". Es decir, que "el despido era legal y así se acabará demostrando".
Por último, mostraron cierta contrariedad por el momento en el que trascendió la resolución, justo un día después de que el propio alcalde compareciese para anunciar que abría una ronda de contactos para sumar los quince votos que resultan necesarios para investir a Eva Montesinos alcaldesa, cuando se dicte un auto de apertura de juicio contra él por los contratos de Comercio. "No ocultamos nuestra sorpresa por la fecha elegida para hacer público el escrito, aunque seguramente, sea casualidad", apostillaron.
