ORIHUELA. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de abril de 2019 y ha ratificado que la UTE formada por las empresa Cespa-Enrique Ortiz como empresa adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja, y por lo tanto como constructor y gestor del vertedero comarcal. Así lo han confirmado varios alcaldes después de que la presidenta del consorcio comarcal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, lo comentara en una reunión este miércoles. El Supremo ha inadmitido el recurso del consorcio y por tanto, da plena validez al fallo original del TSJ, que en su día ya declara contrario a derecho y deja sin efecto el acuerdo de la junta de gobierno del Consorcio de la Vega Baja, que en 2015 rescindió el contrato (formalizado en 2013, con Luisa Pastor como presidenta de la Diputación y del consorcio) e incautó la garantía depositada por la UTE, al no haber comenzado aún las obras de la planta. Ahora el consorcio tiene hacer frente a la ejecución un plan que se aprobó hace casi 12 años, o indemnizar al adjudicatario, en caso de que no quiera seguir el plan aprobado y ratificado por el Supremo.
Hay que recordar que la adjudicación de este proyecto, que supone la construcción de un vertedero comarcal, generó una de las piezas del caso Brugal, y que está a la espera de que si se determina la apertura de juicio verbal. El contrato está bajo sospecha desde que estalló el caso Brugal con la detención del expresidente de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll (PP), acusado por la Fiscalía Anticorrucpión de varios delitos relacionados con un presunto trato de favor a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en la adjudicación del citado plan. En el caso del industrial oriolano (Fenoll), se considera que pudo participar en el presunto amaño del contrato después de haber comprado el suelo en el que se decidió trasladar la planta de tratamiento tras su adjudicación inicial.
