VALÈNCIA(EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a Ribera Salud a entregar a la gestión pública el área sanitaria de Torrevieja, que afecta a 140.000 personas, en los términos fijados por la Generalitat, en una resolución que deniega la paralización de esta transición, algo que solicitaba la compañía amparándose en las dificultades provocadas por la pandemia.
La resolución cuestiona de modo contundente la pretensión de Ribera Salud de invalidar, debido al impacto de la pandemia, las instrucciones de la Conselleria sobre cómo debe ser la entrega, y llega a reprochar a esta compañía que actúe "como si la pandemia hubiera afectado únicamente a su área de actuación". Así, el tribunal señala que Ribera Salud "parece partir de bases que no son aceptables", como "si no estuviera previsto en el contrato que el momento de la reversión iba a llegar", como si la Administración no hubiera colaborado o como si lo que se le solicita para afrontar la entrega de su gestión a manos públicas no fueran materiales, personal o documentación que ya existen y tuvieran que ser elaborados desde cero.
La resolución afecta únicamente a la petición de Ribera Salud de que se anulen las normas que, en cumplimiento del contrato entre la empresa privada y la Generalitat, le fueron comunicadas en octubre de 2020. Ribera Salud argumentaba que esa normativa no pudo tener en cuenta las dificultades generadas por la pandemia, pero el TSJCV, aunque le da tres meses más para algunas de las obligaciones que se le imponen, valida la decisión de la conselleria.
Así, el fallo resuelve denegar la solicitud de suspensión de las normas encaminadas a la recepción del Hospital, Centros, medios materiales y personales, ampliando del 1 de diciembre al 31 de marzo el plazo para algunas de las obligaciones que se imponen a Ribera Salud en dicha normativa. Ahora bien, lo hace con argumentos duros, como por ejemplo cuando reprocha a la demandante que invoque "las garantías que exige el servicio sanitario" cuando "las medidas impugnadas no tienen otra finalidad que conseguir ese objetivo".
"No le asiste la razón a la demandante, porque olvida que éste es un procedimiento entre una concesionaria de un Departamento de Salud y la Conselleria de Salud y Sanidad Publica, cuya finalidad y competencias van dirigidas, precisamente, a la finalidad pública que parece atribuirse con carácter exclusivo y excluyente", llega a decir el auto.
El contrato de la Generalitat y Ribera Salud para la gestión sanitaria privada en Torrevieja, que vence el próximo 15 de octubre de 2021, prevé que un año antes del vencimiento la Generalitat notificará a la concesionaria las normas para la entrega de elementos materiales, inmateriales y de personal, cómo debe adaptar sus sistemas de información y, en suma, el modo en que debe hacerse la entrega del sistema de gestión privada al público. Ribera Salud recurrió ese expediente y, el pasado mes de febrero de 2021, Sanidad envió el asunto al TSJCV. El Gobierno valenciano fijó en marzo de 2017 el calendario oficial de reversión al sistema público de las concesiones administrativas sanitarias cuyos contratos estaban próximos a vencer.
