Llevamos más de una década esperando una reforma del sistema de financiación autonómica. Demasiado tiempo para un país descentralizado que basa la igualdad de oportunidades en la fortaleza de sus servicios públicos. Ha sido el partido socialista al frente del Gobierno de España quien, por primera vez en años, ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta, ambiciosa y justa. Y sencillamente, en la Comunitat Valenciana, no hay margen para el “no”.

La propuesta del nuevo sistema de financiación presentada por el Gobierno de España no es un simple ajuste técnico. Es el reconocimiento explícito de una injusticia estructural largamente denunciada por la sociedad valenciana: la infrafinanciación crónica que ha lastrado durante décadas la capacidad de la Generalitat para garantizar sanidad, educación, vivienda y servicios sociales en igualdad de condiciones con otros territorios.

Desde 2015, la financiación autonómica ha sido una reivindicación transversal en la Comunitat Valenciana. Gobiernos de distinto signo, agentes sociales, universidades y sociedad civil han coincidido en un diagnóstico compartido. Diez años después, el Ministerio de Hacienda recoge ese consenso y lo convierte en una propuesta coherente, técnicamente sólida y políticamente valiente. Aceptarla no es solo conveniente; es coherente con nuestra historia reciente y con el interés general de valencianas y valencianos.

Conviene recordar de dónde venimos. Durante los últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, el Estado ha incrementado la financiación de las comunidades autónomas en más de 300.000 millones de euros respecto al periodo de Mariano Rajoy. En el caso valenciano, ese esfuerzo se ha traducido en alrededor de 30.000 millones adicionales. No hablamos de promesas, sino de hechos: recursos reales que han permitido sostener los pilares del Estado del bienestar incluso en un contexto de crisis sucesivas.

Ese compromiso también se ha manifestado en la propuesta de senda de estabilidad 2026-2028, que habría permitido a la Comunitat Valenciana disponer de hasta 510 millones de euros adicionales. Fue el Partido Popular quien votó en contra en el Congreso, privando a la Comunitat de recursos fundamentales. Una actitud que se ha repetido y que, en términos agregados, ha supuesto dejar de ingresar hasta 1.600 millones de euros. Es legítimo discrepar, pero resulta difícil de explicar cuando se reclama al mismo tiempo más financiación.

El nuevo modelo beneficia al conjunto del Estado. Incrementa en casi 21.000 millones de euros los recursos del sistema y reduce a menos de la mitad las diferencias de financiación por habitante. Refuerza la solidaridad interterritorial sin privilegios ni agravios, y apuesta decididamente por el criterio de población ajustada, incorporando variables que reflejan mejor las necesidades reales: envejecimiento, desempleo sin prestación o población protegida equivalente. Precisamente uno de los criterios que el PP ha cuestionado reiteradamente, alineándose con comunidades que se oponen a una redistribución más justa.

Además, el modelo refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. Aumenta la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades y abre la puerta a mecanismos innovadores que fortalecen la rendición de cuentas y la capacidad de decisión de los gobiernos autonómicos. Es, en esencia, un modelo plenamente alineado con la Constitución y con el Estado de las Autonomías.

Para la Comunitat Valenciana, el impacto es especialmente relevante. Con el nuevo sistema recibiría 3.669 millones de euros más al año, cerca de un 18 % adicional respecto al modelo vigente. Sería la segunda comunidad en financiación por habitante y recibiría el 17,5 % de los nuevos recursos aportados por el Estado, cuando representa el 11,2 % de la población ajustada. Además, el modelo incorpora una partida específica para resiliencia climática que beneficiará especialmente a las autonomías mediterráneas.

El contraste con las propias demandas del Consell es evidente. El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, solicitó recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un fondo transitorio de 1.782 millones de euros para paliar la infrafinanciación. La propuesta del Gobierno de España no solo responde a esa petición, sino que la más que duplica. Resulta difícil sostener un rechazo político a una propuesta que mejora de forma tan clara y objetiva aquello que se dice reclamar.

A ello se suma la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica. En el caso valenciano, una quita de 11.210 millones de euros, cerca del 20 % de la deuda total, directamente vinculada a la infrafinanciación y a las políticas de austeridad del pasado. Liberar a la Generalitat de esta carga supondría ahorrar alrededor de 1.000 millones en intereses y recuperar margen real para invertir en políticas públicas.

La pregunta, por tanto, es clara: ¿por qué decir que no? El Partido Popular se opone, pero sigue sin explicar cuál es su alternativa. Y el riesgo es evidente: si PP y Vox gobiernan, no habrá reforma posible. Vox no cree en el Estado de las Autonomías y condicionará cualquier gobierno conservador a un recentralismo que haría imposible avanzar hacia un sistema más justo.

Aceptar esta reforma es un acto de responsabilidad institucional. Significa más recursos para construir colegios, centros de salud, viviendas públicas, reforzar la dependencia y mejorar la vida cotidiana de la gente. Significa corregir una injusticia histórica y fortalecer el autogobierno valenciano. Esta vez, la oportunidad existe. Y no podemos permitirnos dejarla pasar.

Aceptar el nuevo sistema de financiación autonómica y la condonación parcial de la deuda no implica cerrar ningún debate pendiente. Implica, precisamente, abrirlos desde una posición más justa y más sólida. La Comunitat Valenciana tiene todo el derecho a seguir reclamando el reconocimiento pleno de la deuda histórica generada por la infrafinanciación, pero no puede hacerlo rechazando un modelo mejor que el actual, que ofrece más recursos y una mayor autonomía financiera.

Decir sí al nuevo modelo es ganar. Es asumir que la justicia financiera se construye paso a paso y que las oportunidades históricas no esperan a que se resuelvan todas las cuentas del pasado. Esta reforma mejora la vida de la gente, corrige desigualdades y refuerza el autogobierno valenciano. Por eso, esta vez, no decir que no es una cuestión de responsabilidad con el presente y de compromiso con el futuro.