Un momento de la exposición del abogado de la defensa, este miércoles. Foto: APALICANTE. El juicio por el asesinato más mediático ocurrido en Alicante desde la muerte del alcalde de Polop en 2007, el 'crimen de los Sala', llega a su fin. El destino del único acusado por la muerte de Carmen Martínez la noche del 9 de diciembre de 2016, su yerno Miguel López, está desde este jueves en manos de las seis mujeres y tres hombres que forman parte del jurado, y a quienes las partes dirigieron el miércoles sus alegatos finales en una sesión maratoniana de ocho horas, donde se contrapusieron los relatos de fiscal y acusación (que mantuvieron su calificación inicial y pidieron un veredicto de culpabilidad) y defensa (que insistió en la falta de pruebas).
El jurado recibirá este jueves de la magistrada que ha presidido la vista el objeto del veredicto, esto es, las preguntas sobre el caso a las que deben responder sí o no para considerar probados los hechos de los que se acusa a López, y emitir un veredicto de culpabilidad (que necesita al menos siete votos de 'culpable') o inocencia (basta con alcanzar cinco votos de 'no culpable'). Lo que hay en juego es condenar al exgerente de Novocar a 24 años de prisión por la muerte de su suegra de dos disparos en el lavadero de su concesionario, o en caso contrario dejar sin resolver el crimen más mediático de la última década.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal se centró sobre todo en defender ante los jurados la 'condena por indicios', "contemplada por el Supremo y el Constitucional", para superar la falta de pruebas físicas. La acusación particular, que ha seguido una estrategia muy similar (pide la misma condena), optó por atacar las pruebas de la defensa que ofrecerían una coartada al acusado. Y el abogado defensor, que realizó la exposición más larga ya por la tarde, centró su argumentario precisamente en esa ausencia de pruebas y el peligro de cometer "errores judiciales" como sucedió en el asesinato de Rocío Wanninkhof (donde se condenó a una mujer inocente hasta que una prueba de ADN señaló al auténtico culpable) si se atienden a unos indicios que además consideró escasos y débiles.
El fiscal del caso, José Llor, fue el primero en tomar la palabra, al inicio de la sesión, para subrayar la cascada de indicios que, en su opinión, apuntan a la autoría de los hechos. El acusador público enumeró las malas relaciones familiares, acreditadas por varios testimonios, el móvil por motivos económicos ("el acusado pretendía dirigir las empresas a través de su mujer"), su conocimiento de las armas y lo que llamó los "indicios fuertes": Miguel López "preparó el lugar del crimen" al decidir entregar personalmente el coche, tuvo el teléfono apagado una hora en el momento clave, tuvo la oportunidad al dejar solar en el lavadero a oscuras a la víctima, estaba en Novocar en el momento de los hechos (según la prueba pericial de la acusación y la Policía, que fija la hora de los disparos alrededor de las 18.25), y tuvo un comportamiento extraño después de los disparos (su regreso a casa, su nerviosismo en el tanatorio, o acudir con abogado a la reconstrucción de los hechos cuando aún no era sospechoso).
En cuanto a los contraindicios, limitó la importancia de que las herramientas de su casa no se usaran para limar las balas, de que no hubiera huellas ni ADN, de que la prueba de residuos fuese negativa o de que la huella en uno de los casquillos no fuera del acusado. En su opinión, "los indicios llevan necesariamente a la participación del acusado, y los contraindicios no son bastante fuertes". El fiscal analizó las dos alternativas planteadas por la defensa: el robo o el sicario sudamericano, y los descartó porque "no se llevaron nada" y porque el modus operandi "no es el de un sicario". "El único humano que pudo cometer los hechos fue el acusado, y pido que su veredicto sea de culpabilidad", terminó.
En cuanto a la acusación particular, que como el fiscal hizo hincapié en el hecho de que Miguel López no haya querido declarar en el juicio (como tampoco acudió a la reconstrucción una vez detenido, a la que tenía derecho), se centró más en refutar las pruebas aportadas por la defensa que otorgarían una coartada al acusado. Fundamentalmente, la conexión del Whatsapp de la víctima usada para intentar establecer la hora de la muerte (se supone que, si se conectó, aún estaba viva, y a las 18.55 Miguel López ya se había ido de Novocar).
Según la acusación, el perito de la defensa no fue capaz de demostrar empíricamente la afirmación de que dicha conexión tuvo que ser manual, y además "si el disparo se hubiera producido a las 18.55, el asesino misterioso se habría encontrado con Israel [uno de los empleados que descubrió a la víctima], ya que a esa hora ya estaba llamando pidiendo ayuda, según el registro de llamadas". Francisco Ruiz Marco contrapuso el resultado de la autopsia ("supervivencia variable y sangrado no rápido") a las dos periciales de parte, de forma que la franja horaria del crimen se estira hacia atrás desde el momento del hallazgo hasta acercarse a esas 18.25 en las que el acusado aún estaba en el concesionario. "El acusado es la única persona que sabía que la víctima iba a estar en el lugar de los hechos a las 18.25, y fue la última persona que fue visto con Carmen Martínez viva". Por ello, pidió "diferenciar hechos de hipótesis" y un veredicto de culpabilidad.
En cuanto al abogado defensor, que confesó que no declarar fue una estrategia de defensa para que la acusación no "siguiera tergiversando lo que dice mi cliente", como a su juicio ha sucedido en la instrucción, se dedicó a atacar la solidez de los indicios contra Miguel López en base a abundante jurisprudencia, entre la que citó los mediáticos casos de Rocío Wanninkhof o Ana Julia Quezada. Pero sobre todo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que absolvía a los encausados porque "no hay pruebas salvo las malas relaciones entre los acusados y el perjudicado". Una situación idéntica a la que se ha presentado contra el yerno de Carmen Martínez. El letrado, muy crítico con las acusaciones, consideró que la investigación por testificales es "del siglo XIX" y que, cuando los fallos se basan en esas "birrias" en lugar de en la "prueba científica desarrollada durante el siglo XX", se producen "errores judiciales gravísimos", por lo que "deben absolver a Miguel".
El abogado Javier Sánchez-Vera (que también representó al padre del futbolista Leo Messi en el juicio por fraude fiscal) se guardaba varios ases en la manga, además de la jurisprudencia: a la separación de bienes (que debilita el móvil económico) presentada en las últimas sesiones sumó la teoría de que el teléfono de la víctima volvió al bolso de manos de la Policía, que en realidad lo encontró en el suelo. Argumento basado en las fotografías del escenario y el hecho de que se contestasen llamadas hasta las 20,33 horas. Es decir, el móvil podía no estar en el bolso, como aseguraban fiscal y acusación para desvirtuar la coartada del Whatsapp. "Menos mal que se acaba el juicio, porque si hacemos prórroga mañana vienen con otra hipótesis".
