ALICANTE. La Generalitat deberá abonar 14,6 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados S.A. y Rover Alcisa, S.A. por sobrecostes en las obras del acceso norte a la ciudad de Alicante por la avenida de Dénia. En resumen, es casi un 50% más de lo que adjudicó la obra, que fue por 33 millones de euros. Es decir, que en total de la reforma de la nueva vía, que ya lleva 10 años en funcionamiento, asciende a 48 millones de euros.
Así lo establece una sentencia de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hecha pública este viernes, que revoca otra dictada en mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Supremo ha admitido el recurso de las empresas -representadas por Rosa María Vidal, la que fuera directora general de Canal 9- y ha determinado que los sobrecostes son atribuibles a la Administración autonómica, que adjudicó el proyecto a la UTE en junio de 2006 por un importe de 33.882.380 euros.
Las empresas reclamaban a la Generalitat 14,6 millones por daños y perjuicios derivados de ampliaciones de plazo y modificaciones del contrato inicial.
El Supremo considera que esos cambios "tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la Administración, pues desde el primer momento, como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006, incumplió con sus obligaciones contractuales".
Ello tuvo "especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista, ya que era imposible el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra", añade el fallo.
Entre las pruebas que han llevado al Supremo a esta conclusión destaca un informe de la jefa del Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de abril de 2010.
Ese documento constataba que el segundo modificado del proyecto respondía al "cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante", así como por la inclusión de "una gran fuente ornamental" y la reposición de vallados y cerramientos no contemplados en el plan inicial.
El alto tribunal acepta así las pretensiones indemnizatorias de los recurrentes, que "tienen base en una específica y adecuada prueba documental y pericial", y condena a la Generalitat a indemnizarles con 14.675.889 euros.
