Leo, a muchos kilómetros de distancia, la crónica del compañero Álvaro Soria sobre la tertulia de verano organizada por el empresario Adolfo Utor de Balèaria con la presencia de Ximo Puig; el economista José Carlos Díez y la ex ministra Leire Pajín. Utor, que vivió las miserias de la antigua Flebasa -la empresa que dio origen a Baleària-, intenta ahora transmitir los avances de su flamante compañía que no sólo ha sido capaz de derrotar a muchos de sus competidores, sino de conquistar otros mercados en el mar Atlántico. Utor, que es, ha sido y creo que seguirá siendo socialista, candidato a la Alcaldía de Dénia, concejal raso y diputado provincial frustrado, sabe de la necesidad de defender unos valores para las empresas y de ahí que intente impulsar, para su mercantil y para otras, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en definitiva no deja de ser poner en valor la actividad de la empresa, la de sus trabajadores y la del territorio.
Aunque Utor le ha dado solemnidad al acto y valor con la calidad del público congregado, se puede decir que ya hace tiempo que Baleària vienen invirtiendo en marca, en economía sostenible y, sobre todo, en territorio. Me quedo con la idea de territorio: creo que debería ser una obligación que todas las empresas invirtieran o contribuyeran a invertir en el territorio donde llevan a cabo su actividad. Ejemplos hay muchos. En Elche, las grandes empresas de calzado también tienen su propia fundación e invierten en causas sociales o la promoción del patrimonio de la ciudad. Juan Roig, a través de la Fundación Trinidad Alfonso, también contribuye en la promoción del deporte, pruebas deportivas y becas para jóvenes promesas. En Benidorm, recientemente, con la Fundación Turismo Benidorm, también hay mucho capital privado que se ha sumado a la causa de invertir para ayudar a la promoción turística. ¿Es suficiente? Pues claro que no. En el caso de un destino turístico, donde operan Baleària y ofrecen sus servicios múltiples cadenas hoteleras de Benidorm, esas mismas empresas que contribuyen deberían ser exigentes con el poder público para que determinadas decisiones estratégicas fueran enfocadas a mejorar las prestaciones de una ciudad o mejoren el entorno.
Y la responsabilidad no sólo debe ser del empresario, sino también del poder político, a la hora de estimar esas reivindicaciones y, cómo no, de obligar a determinadas empresas en invertir en Responsabilidad Social Corporativa, como es pretensión de este Gobierno, tal y como explicó el pasado miércoles el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz Ramos. El diálogo empresas-poder público debe ser máximo y transparente. No vale el respaldar inversiones porque sí: la llegada de capital nunca puede ser cambio de favores, ni siquiera flexibilidad legislativa, en todo caso, agilidad administrativa, y, sobre todo, contraprestaciones de las empresas sobre el territorio y bonificaciones o incentivos desde la administración.
Y por eso hay que poner en valor las aportaciones (y los debates) de Baleària, como se podrían poner las de la Fundación Perán, por poner algunos ejemplos, ante las turbulencias o la aparición de fenómenos tras el cual se esconden verdaderos ejemplos de offshoring (definido como conjunto de prácticas, que crea el ecosistema global, mediante el que el movimiento de recursos económicos de un territorio a otro se oculta total o parcialmente a la vista de la gentes y de las autoridades, según lo describen Joan Romero y Antonio Ariño en La secesión de los ricos), y que están provocando que ayuntamientos, como el de València, estén sopesando implantar tasas para contrarrestar sus impactos en la escena urbana de la ciudad. Porque el fenómeno de los apartamentos turísticos ilegales merece una regulación, y posiblemente no deba venir en forma de tasa.
El debate sobre las aportaciones al territorio y el desarrollo sostenible no nos debe hacer caer en una carrera por liderar adulaciones o ganar preferencias a la administración de turno. Debe tener unas reglas de juego, y debe situar a todos aquellos que opten por esa vía entre la equidistancia entre las empresas surgidas u ocultas en el offshoring y el medieval gremio de algunos sectores profesionales. En definitiva, debe ser un sello de calidad para las empresas y una garantía para la administración pública para que una inversión no sea un bluff o un anzuelo de titulares para ganar las elecciones. La Comunitat Valenciana tiene muchos ejemplos de buenas prácticas empresariales y cumplimiento de la ley. Quizás el de Baleària debe ser un ejemplo a seguir por otras empresas, de larga trayectoria, de buenas prácticas, pero ocultas por el miedo al que dirán. En estos tiempos que corren, el valor añadido social de una empresa debe ser un plus a defender, incluso por la izquierda. Después de lo ocurrido, el mundo empresarial necesita de conductas ejemplares, y no oportunistas en busca de sillones de oro que a final con el tiempo se demostraron tóxicos.