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juicio por supuesto fraccionamiento de contratos

El fiscal hurga en las "contradicciones" para atar la participación de Echávarri en el 'caso Comercio'

1/10/2019 - 

ALICANTE. El desarrollo de la primera jornada del juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio permitió entrever, este lunes, las claves sobre las que pivota el proceso: las versiones opuestas sobre las que deberá dilucidar el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que preside el magistrado José Daniel Mira Perceval. En último término, la sentencia deberá desentrañar si se dividieron los 25 encargos objeto de controversia (por un importe global de 189.000 euros) para eludir la convocatoria de los preceptivos concursos y, así, poder adjudicarlos a voluntad a quienes se pretendía, como sostiene la Fiscalía. Y en ese caso, quién o quienes participaron en la decisión de esa forma de proceder.

Por lo pronto, en las comparecencias de este lunes, el exalcalde Gabriel Echávarri (PSOE), se limitó a negar su conocimiento y participación en la tramitación de esos 25 contratos bajo sospecha. En su breve declaración, en la que se negó a responder a las preguntas del Ministerio Público (representado por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones), se ciñó a señalar que él no tuvo constancia de esos contratos hasta febrero de 2017 (cuatro meses después de que se formulasen), cuando se le informó sobre las dudas que mantenía el jefe de Servicio de la Concejalía de Comercio, el técnico Diego Agulló

Después, sus dos colaboradores municipales también procesados, Lalo Díez (jefe de Gabinete de Alcaldía) y Pedro de Gea (asesor de la Concejalía de Comercio), no solo trataron de ratificar el relato de exculpación trazado por Echávarri, sino que, además, negaron la existencia misma del supuesto fraccionamiento. Así, ambos -que también se negaron a responder al fiscal- coincidieron en descartar que se hubiese alcanzado un acuerdo previo para reducir los importes de esos 25 contratos a un precio inferior a los 18.000 euros como estrategia para poder darles el tratamiento de contratos menores y, así, adjudicarlos de manera directa (sin concurso). 

Y después, también intentaron explicar que esos 25 contratos en discusión no guardaban ninguna relación entre sí más allá de la mera coincidencia temporal en la fecha de su tramitación (entre los meses de noviembre y diciembre de 2016). De este modo, citaron algunos ejemplos para remarcar las diferencias entre las finalidades de cada contrato: la celebración de unas jornadas sobre emprendimiento empresarial; una campaña publicitaria con motivo de la llegada del pasajero 12 millones al aeropuerto del Altet; la celebración de la Gala de Premios al Comercio; un monográfico de publicidad en el diario Información sobre el comercio local; o la ejecución de diversas mejoras en la señalización de los mercados de Babel, Benalúa y Teulada.

De acuerdo con sus testimonios, se trataba de cuestiones distintas con motivaciones y objetivos diversos por lo que no correspondía agruparlos en la convocatoria de un único concurso. Además, insistieron en que esos contratos se plantearon de manera escalonada en respuesta a peticiones que llegaron en distintos momentos. Y, por último, hicieron hincapié en que todos esos contratos con sus correspondientes facturas fueron supervisadas por los técnicos sin que nadie advirtiese de posibles errores en su tramitación. 

No obstante, el acusador público no dio credibilidad al testimonio de los tres procesados. Es más, apuntó que, en su opinión, los tres habían incurrido en "contradicciones" respecto a las declaraciones que los tres formularon durante la fase de instrucción previa. Así, solicitó al tribunal que se reprodujesen los vídeos de esas primeras declaraciones con el fin de rebatir la versión que los tres habían ofrecido. Sobre todo, por lo que respecta al relato que trataba de excluir la participación de Echávarri en la tramitación de esos contratos. Con ese visionado, Briones quiso poner de manifiesto que, en su criterio, los tres sí habían apuntado en sus declaraciones precedentes que era el exprimer edil quien marcaba las directrices en la Concejalía de Comercio.

Para conocer si el tribunal comparte o no esa consideración, habrá que esperar hasta que se dicte sentencia. Por el momento, el juicio prosigue este martes con las declaraciones de los testigos. Para la segunda jornada están citados el actual alcalde, Luis Barcala, quien interpuso la denuncia como líder del grupo municipal del Partido Popular (PP), en abril de 2017. De hecho, el PP ha venido ejerciendo como parte acusadora hasta que decidió renunciar a ello, hace dos semanas. 

Este martes, también deben comparecer el interventor municipal, Francisco Guardiola, y el jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló. El miércoles será el turno de la exportavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo; del líder de Compromís, Natxo Bellido; del jefe de los servicios jurídicos municipales y de otros cuatro técnicos de la concejalía de Comercio. El jueves declararán nueve representantes de las empresas con las que se concertaron los contratos y el viernes será el turno para la exposición de los informes de conclusiones finales

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