CASTELLÓ. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia, Carlos Fabra, al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero.
El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once. El auto, que da por concluida la fase de instrucción y que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado-juez de Adscripción Territorial que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón relata en la resolución que Fabra y su mujer, María Desamparados F.B., “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales”. Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales. En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio “con el auxilio” de sus hijos Borja y Claudia F.B. y del marido de ésta, Fernando C.I.
Según el juez, la “situación de aparente penuria económica” que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
También se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Fútbol SAD, Fernando R.A., o el administrador de Facsa, Enrique G.E.
Dichas transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra “en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia”, señala el auto. El juez atribuye indiciariamente al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno y los empresarios Alejandro L.H., Miguel P.F, Fernando R.A. y Fernando R. N. un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios.
También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, “si bien puntuales y no continuados”, en la actuación de Fernando R.A., Fernando R.N., Miguel P.F. y Enrique G.E. Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y Alejandro L.H. como cooperadores necesarios.
