ALICANTE. Miguel López, el único acusado por la muerte de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de CAM, ha abandonado la prisión de Fontcalent una vez que su abogado ha satisfecho los 150.000 euros de fianza que le ha impuesto el juez José Luis Delafuente, quien a primera hora este de lunes había decretado su libertad eludible previa al pago de esa cantidad. López ha abandonado el centro penitenciario acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones.
Quien sí ha atendido a los medios ha sido el abogado de Miguel López, José Antonio García, que ha llegado a la prisión a las 18.13 horas para recogerle. Se ha felicitado de la puesta en libertad de su defendido y ha señalado que con su salida "se abre una posibilidad muy grande de defensa". Además, ha comentado que van a trabajar "para demostrar lo que realmente ocurrió". Sobre su defendido ha manifestado que tiene "los nervios a flor de piel", que está emocionado y que no era el momento de hacer declaraciones. No obstante, ha abierto la puerta a hacerlo "más adelante".
El juez le ha impuesto una orden de alejamiento que le impide acercarse al concesionarioNovocar, donde tuvo lugar el asesinato el pasado 9 de diciembre y del que López era el gerente y administrador. El magistrado ha ordenado también la retirada de su pasaporte y la prohibición de que abandone el país, al tiempo que establece que debe presentarse en los juzgados una vez a la semana para firmar, como medidas cautelares añadidas.
El juez ha decretado libertad bajo fianza de 150.000 euros para Miguel López, según un auto facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). El magistrado ha ordenado también la retirada de su pasaporte y la prohibición de que abandone el país, al tiempo que establece que debe presentarse en los juzgados una vez a la semana para firmar, como medidas cautelares añadidas.
De la Fuente pretende impedir con esta limitación que López pueda intentar presionar a los trabajadores de la empresa, que son testigos en esta causa, para que modifiquen sus declaraciones en el futuro juicio con jurado que tiene que celebrarse en la Audiencia de Alicante.
El juez mantiene que persisten los indicios criminales contra el sospechoso, a diferencia de lo manifestado por la defensa, aunque le impone la fianza y demás medidas cautelares por un "criterio de proporcionalidad".
"El avance en la instrucción, si no ha visto desvirtuar los indicios ya referidos en el inicial auto de prisión, tampoco ha aportado apenas nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación, más allá de las declaraciones de la BPSC (Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana)", señala en su resolución.
El juzgado está actualmente a la espera de recibir algunas pruebas periciales o documentales "de carácter técnico, entre ellas el análisis de los equipos informáticos intervenidos al sospechoso tras su detención, el pasado 8 de febrero.
Respecto a los indicios que apuntan a la presunta culpabilidad del sospechoso, el auto recoge que todos los testigos, a excepción de uno, "han ratificado en lo sustancial sus previas afirmaciones efectuadas en las diligencias policiales". De la Fuente solo confiere "trascendencia" a la rectificación realizada por un empleado del concesionario en el juzgado.
Concretamente, este empleado dijo no haber presenciado cómo su jefe, Miguel López, cogía las llaves del todoterreno que su suegra acudiría a recoger el día del crimen, sino haberlo supuesto porque le había dicho antes que él mismo se encargaría de entregar el vehículo.
El magistrado reitera, por otro lado, que el sospechoso tenía un "móvil económico" para asesinar a María del Carmen Martínez, pues "resulta innegable" que las decisiones adoptadas en las juntas de accionistas de las empresas familiares Samar Internacional y Compañía Española de Resinas el 19 de septiembre del pasado año provocaron "un clima de crispado enfrentamiento".
En esas reuniones, la víctima destituyó a sus tres hijas como miembros del consejo de administración para nombrar a su único hijo varón y primogénito, Vicente Jesús Sala, como presidente, al tiempo que rechazó el reparto de dividendos entre los socios vigente hasta ese momento.
El poder que le confería a María del Carmen Martínez la denominada acción de oro, que su marido Vicente Sala le había legado a su muerte, la colocaba "en una situación de completo control de las sucesivas decisiones a adoptar en esa y las demás compañías, incluida las del grupo del automóvil dirigidas por el investigado", según el juez.
El auto añade que Miguel López tenía experiencia en el manejo de armas e incurrió en varias "lagunas y contradicciones respecto a sus movimientos posteriores al asesinato".