CASTELLÓ. El juez que instruye el caso Fabra para esclarecer si el expresidente de la Diputación de Castellón escondió patrimonio para evitar el pago de la sentencia por cuatro delitos de fraude fiscal y que acaba de reabrir la causa que investiga la venta del campo de golf de La Coma a Sergio García, acerca también a la mano derecha del expresidente de la Diputación y del PP castellonense, Francisco Martínez, al banquillo de los acusados.
Jacobo Pin, magistrado sustituto del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, ha dictado recientemente un auto por el que cita el próximo día 5 de febrero a Martínez a comparecer ante él con el fin de "concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación" en el caso que investiga si el que fuera alcalde de Vall d'Alba durante 24 años compró terrenos en la localidad para después revenderlos más caros aprovechando su cambio de catalogación.
En una información adelantada por la edición valenciana de eldiario.es, el auto dictado el pasado 14 de diciembre recoge que ante el juez comparecerán también la hija de Martínez, Andrea, y el promotor inmobiliario Raúl Babiloni, socio de Martínez en varios proyectos, como la compra de terrenos para ubicar la depuradora de Borriol, un caso por el que Martínez ya fue condenado a 8 meses de prisión hace casi cinco años.
Con la notificación, el juez deja sin efecto el recurso de los acusados, que en un primer momento sirvió para desestimar el auto de la predecesora de Pin, que había determinado el inicio de la fase intermedia del caso, previa a la apertura de juicio oral. En este procedimiento, el PSPV de Vall d'Alba pedía 16 años de prisión para Martínez por uso de información privilegiada, algo que ahora deberá volver a exponer al juez, como también la acusación del Ministerio Fiscal, que pedía 11 años. Pin ha rechazado la instrucción de nuevas diligencias, como ambos solicitaban.
En opinión del juez, la investigación ha dejado claro que los tres acusados supuestamente cometieron varios delitos de uso de información privilegiada, malversación, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude contra la Administración pública y blanqueo de capitales. Todo, en referencia a la compraventa de varias parcelas ubicadas en el término municipal de Vall d'Alba y afectadas por tres Programas de Actuación Integrada: el del Pla de l'Arc; Mas de Lluna; y el de ampliación del casco urbano de la localidad.
Y es que, aunque Martínez había señalado en sus declaraciones previas que él no había participado en la redacción de estos PAI, según Pin, debido a que fue alcalde durante 24 años "y más en una localidad como Vall d'Alba", con apenas 2.800 habitantes, "es lógico presumir" que el que también fuera vicepresidente de la Diputación de Castellón "tenía conocimiento de cualquier proyecto urbanístico que se estuviera fraguando".
Esto sería así incluso en el caso de dos de estos PAI, Pla de l'Arc y Mas de Lluna, que fueron de iniciativa privada y no del propio consistorio, como sí sucedía con el de ampliación del casco urbano de Vall d'Alba. En este sentido, Pin señala que el promotor de los dos primeros, la mercantil Calviga, filial de la antigua Lubasa, tenía vínculos con Martínez, ya que habían mantenido "numerosas compraventas, tanto en su calidad de alcalde de Vall d'Alba como en su actuación como particular". De hecho, varias transacciones son "sobre fincas incluidas" en los PAI en investigación "y en fechas próximas a su aprobación", señala el juez en el auto.
Así, el magistrado cita hasta cuatro compraventas de esta compañía, por precios que multiplicaban el importe que originalmente pagó Martínez o sus familiares por las parcelas. Por ello, estima el magistrado que Martínez, su socio Babiloni y su hija "conociendo el contenido" de los PAI, "así como las fechas de publicación y aprobación, adquirieron terrenos para luego lucrarse con su venta por un precio muy superior a la promotora Calviga, sociedad ésta que por sus contactos con Martínez conocía de antemano o tenía la seguridad de que los referidos programas urbanísticos serían aprobados".
En caso de que el asunto llegue finalmente al tribunal, el encargado de juzgar todas estas acciones será un jurado popular, un procedimiento que también ha acordado el juez instructor.
