El juez rechaza el recurso del IVF y avala el convenio de acreedores de Coepa

ALICANTE. El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, que tramita el concurso de acreedores de la patronal alicantina, Coepa, ha tumbado el recurso que presentó el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra el convenio de acreedores y el plan de viabilidad de la organización empresarial. En el auto dictado este mismo jueves, el juez rechaza la pretensión del organismo autonómico de no tramitar el convenio, por verlo "inviable", y advierte de que, de aceptar el recurso, no quedaría otra solución que liquidar la patronal.

Como ha informado este periódico, tanto Coepa como el administrador concursal y los extrabajadores afectados por el último ERE se habían opuesto a la petición del IVF, que se niega a quedarse con el edificio del centro de oficios para recuperar los 3,2 millones de euros que le adeuda la patronal por el crédito que le concedió en 2006 para construirlo. Sin embargo, el centro está tasado en 4,4 millones de euros, y el crédito se concedió con garantía hipotecaria, por lo que el IVF, acreedor privilegiado en el concurso, no tiene más que ejecutar dicha garantía y quedarse con la instalación. Esa es precisamente la propuesta de Coepa que el organismo autonómico rechaza, y la que el juez le indica de nuevo en su auto.

Rechazado el recurso, el plan de viabilidad y el convenio de acreedores siguen con su trámite normal, y la junta de acreedores ordinarios se celebrará el próximo 11 de noviembre, tal como estaba previsto. Tal como ha desvelado este diario, todos los acreedores ordinarios excepto Cierval se han adherido ya al convenio, por lo que solo resta conocer la postura de la patronal autonómica (a quien Coepa adeuda 500.000 euros en cuotas impagadas), que ha encargado un informe jurídico antes de tomar la decisión.

El convenio propone una quita del 95% de la deuda para los acreedores ordinarios y seis meses de plazo para cobrar el 5% restante. Al mismo tiempo, Coepa ha alcanzado acuerdos con el Fogasa y los exempleados para satisfacer las cantidades que les adeuda por los despidos a lo largo de varios años.