ALICANTE (EFE). El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto fraude cometido en las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillent y la capital murciana ha fijado en 60,1 millones de euros el sobrecoste de las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el trazado. Además, ha llamado al proceso a ocho empresas constructoras que las llevaron a cabo, entre las que se encuentran Sacyr, Dragados y Acciona Infraestructuras.
A través de un auto, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada titular del Juzgado, Olga Reverte, señala que el presupuesto previsto para los cuatro tramos era de 11,4 millones, que con los sobrecostes, se elevó 71,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 626%.
La juez califica de "abrumadoras" las desviaciones que se produjeron en las obras de reposición de las redes de regadío pertenecientes a la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, de Crevillente, y al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), al pasar de los 1,7 millones proyectados a 52,7 millones, con un sobrecoste del 3.109%.
El auto señala que, como las reposiciones de las redes de riego fueron insuficientes en su previsión inicial o algunas no habían sido tenidas en cuenta en un principio, se acudió a la fórmula del expediente de gasto para el abono de las obras, al margen del desarrollo de proyectos modificados derivados de los trabajos inicialmente adjudicados.
Al aceptar la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado ha llamado al proceso a las ocho empresas que realizaron las obras, entre las que figuran Sacyr, Dragados, Acciona Infraestructuras, Tecsa y Neopul. Y dice que lo hace en concepto de responsables civiles subsidiarias y como partícipes, en su caso, a título lucrativo, por lo que al incorporarse al proceso se impedirá su posible indefensión, al poder acceder a las actuaciones y proponer lo que consideren oportuno en su defensa.
El Juzgado no se pronuncia sobre otra solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que volviera a prestar declaración como investigado el que fuera jefe de Infraestructuras de Adif en Levante José Luis Martínez Pombo, ni tampoco sobre una tercera solicitud, por la que se interesó la declaración como testigos de 25 personas. Otros investigados en este caso, que investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y contra la Hacienda Pública, son el expresidente de Adif Gonzalo Ferre; el exjuez y exsecretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía y Aníbal Bueno, y el ingeniero de este organismo José Manuel Fernández Pujante.
En la larga lista de más de cuarenta imputados aparece también Juan Ortín, dueño de la empresa subcontratista de las obras, que tanto ante la Guardia Civil como en el Juzgado reconoció el pago de comisiones y la emisión de facturas falsas o hinchadas.
También aseguró que en un principio el dinero de las mordidas lo llevaba en un sobre, pero que, después, al aumentar estas, tuvo que comprarse una riñonera, para tener así mayor capacidad.
El auto que acaba de ser notificado a las partes y por el que se da cuenta de las inversiones llevadas a cabo y de los sobrecostes y por el que se llama al proceso a las empresas constructoras puede ser recurrido en reforma y en apelación, según se indica en el mismo.
