El nuevo Congreso heredará dos reformas constitucionales, cinco estatutarias y la renovación del CGPJ y el TC

MADRID (EP). El Congreso de los Diputados que surja de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre heredará de la anterior legislatura dos reformas constitucionales procedentes de distintos parlamentos regionales, cinco reformas de estatutos autonómicos y las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC) y de Radio Televisión Española (RTVE).

Con la disolución de las Cortes Generales, decaen las iniciativas parlamentarias que estaban en tramitación y sólo sobreviven las propuestas procedentes de las comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares (ILP) y aquellas solicitudes o planteamientos que los ciudadanos remiten a la Comisión de Peticiones.

Así, la nueva Cámara Baja que se constituirá el próximo 3 de diciembre tendrá 'en cartera' la tramitación de 12 textos remitidos por las autonomías: cinco de Islas Baleares, dos de Asturias, otras dos de Galicia, dos más de Cataluña y una del País Vasco.

Una ley de memoria catalana

Entre otras, las procedentes de Cataluña persiguen, por un lado, que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, por otro, que se despenalice la eutanasia.

De su lado, el Parlamento de Asturias envío al Congreso una proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, y el del País Vasco, otra para crear un fondo para compensar a las víctimas del amianto.

De Asturias e Islas Baleares son las dos propuestas de reforma de la Constitución que están en lista de espera para la próxima legislatura. La de Asturias persigue ampliar la participación ciudadana en las leyes de consultas, tanto a través de la iniciativa legislativa popular como del referéndum. Data de 2014, por lo que está 'en la nevera' desde la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP.

Por su parte, el texto de Baleares busca que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia de lo que elija la isla de Ibiza, una propuesta que procede de la XII Legislatura, es decir, la que se extendió desde julio 2016 hasta febrero de 2019.

También quedaron congeladas las reformas de los Estatutos de Autonomía de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios. En la pasada legislatura, que apenas duró cinco meses, la murciana se tomó en consideración por segunda vez en uno de los dos únicos Plenos que se celebraron. Sin embargo, tendrá que volver a la casilla de salida.

Nuevos estatutos en La Rioja y Murcia

La Rioja también cuenta con una reforma estatutaria en su haber, aprobada el pasado mes de abril por el Parlamento regional. El texto recoge el derecho a la igualdad y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, a la muerte digna, a la memoria democrática y a las energías renovables, entre otras cuestiones.

Y a finales de julio, llegó a la Cámara Baja el nuevo Estatuto de Autonomía de Murcia que la Asamblea regional también aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

El nuevo Congreso también tendrá que tramitar seis ILP, entre las que se encuentran la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, así como las Memorias de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ relativas a 2017, dos informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear de 2017 y 2018, cuatro convenios entre comunidades autónomas y todas las peticiones que los ciudadanos envían a la Comisión de Peticiones.

Renovación del CGPJ, del TC y de RTVE

Además, está pendiente la renovación del CGPJ, cuyo mandato, de cinco años, caducó el pasado 4 de diciembre. Hace un año, el PP, el PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Sin embargo, éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

También está en cartera la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato concluye el próximo mes de noviembre. El pasado agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó al Congreso que debía iniciar este procedimiento.

Otro de los asuntos que deberá activar el próximo Congreso será el concurso público para renovar a los diez miembros del Consejo de Administración de RTVE. Este proceso, que comenzó en agosto de 2018, se congeló antes de que la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja eligiera a los nuevos diez miembros del organismo.